El exministro socialista Sebastián pide 18 años de cárcel para el expresidente del BBVA por el caso Villarejo
Acusa a Francisco González de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho activo, y organización criminal
El exministro socialista de Industria y Turismo Miguel Sebastián ha pedido al juzgado central de instrucción nº 6, que el pasado mes de junio propuso juzgar por cohecho y revelación de secretos al BBVA y al que fuera presidente de la entidad, Francisco González, 18 años de cárcel para el exdirectivo.
Se trata de la causa que ha investigado la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016, la denominada operación «Trampa», novena pieza separada del caso Villarejo que se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario desde 2004.
En un escrito fechado el pasado 13 de septiembre al que ha tenido acceso Efe, Sebastián pide para González 6 años de prisión por el delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos; 7 años por el delito de cohecho activo, y 5 años por el delito de promover, constituir, organizar, coordinar o dirigir una organización criminal.
El exministro relata que se percató de que había sido objeto de una «feroz actividad de espionaje», pese a encontrase "bajo el paraguas del férreo sistema de seguridad que le brindaban los servicios de protección y vigilancia de la Presidencia del Gobierno.
Solo desde dentro, es decir, con la implicación de algunas personas pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fue sido posible ejecutar aquellas acciones, que le comportaron un «repentino y continuado vapuleo mediático y un grave perjuicio en su vida profesional».
Asimismo, y "más importante, una intromisión en su esfera personal más íntima, mediante la revelación pública de su condición sexual en contra de su voluntad.
En su caso, además, se llegó a construir un falso relato en torno a su persona con el propósito de desacreditarlo ante los demás e intimidarlo para torcer su voluntad.
No sólo fue víctima del espionaje «descarnado» ejecutado a través de diversidad de medios tecnológicos mediante la interceptación de sus comunicaciones, lesionando su derecho a la intimidad, sino que además, se reveló públicamente su condición sexual, siendo éste un dato de especial sensibilidad, añade el escrito.
Esta información personal e íntima solamente pudo descubrirse mediante una actividad de espionaje, puesto que se mantenía reservada en su esfera más personal y cercana; su difusión produjo efectos devastadores, ya que no tenía intención de revelar públicamente datos tan íntimos, que ni siquiera conocían muchos de sus allegados.
No contentos con ello, prosigue el relato, se le «inventó una vida paralela» que se publicó en la prensa, donde se comenzó a parodiar sobre su vida sexual, relatándose supuestos novios cubanos e infidelidades inexistentes.
Se constata así una fusión «de información veraz y sensible que no deseaba revelar, y cuyo descubrimiento fue fruto del espionaje al que fue sometido, con otra información falsa y morbosa publicada en prensa» sobre sus supuestos «escarceos» amorosos que nada tenían que ver con su austera vida personal.
En el escrito, Miguel Sebastián pide, por los mismos hechos, 20 años de cárcel para el excomisario Villarejo; 12 años para el exjefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, y 8 para el que fuera socio del excomisario, Rafael Redondo.
Asimismo, solicita 16 años de prisión para el ex consejero delegado de BBVA Ángel Cano.
Entre las personas que deberán sentarse en el banquillo por estos hechos figuran además de González, Villarejo, Corrochano y Cano, el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu; el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad Joaquín Gortari, y el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar.