Dos de los fiscales del procés apartados por García Ortiz optan a la plaza de jefe de Sala del Supremo

El Consejo Fiscal se reúnes este jueves, en convocatoria ordinaria, para abordar una nueva hornada de nombramientos para cubrir vacantes en el seno de la Carrera. La Audiencia Nacional, varias jefaturas y tenencias autonómicas o provinciales como Cantabria, Valencia, Aragón o Asturias, esperan ser cubiertas en los próximos días.

Entre ellas, las plazas en la Fiscalía del Supremo –secciones de lo Civil y de lo Penal, a la que aspira la actual fiscal jefe superior de Madrid, Almudena Lastra, quien se negó a divulgar la nota de prensa con datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, como le pidió el mismísimo fiscal general–; y, la jefatura de Sala de la sección penal del Alto Tribunal. A este última concurren un total de ocho candidatos entre los que se encuentran dos de los fiscales encargados de la causa del procés, que fueron apartados del procedimiento tras informar en contra de la aplicación de la amnistía a los líderes políticos separatistas condenados por el 1-O.

Los fiscales Javier Zaragoza, primero en el escalafón de los aspirantes, y Jaime Moreno, cuarto en la casilla de salida por su antigüedad, méritos y experiencia profesional, han dado un paso al frente para encabezar la sección segunda del Supremo y el Consejo decidirá, en esta semana, sobre sus perfiles.

Ambos formaban parte de la terna de cuatro fiscales encargados de la causa especial de la Sala Segunda del Alto Tribunal que, junto con sus compañeros Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, dejaron claro en un extenso informe, de más de cien páginas avanzado por El Debate, las razones por las que la redacción definitiva de la Amnistía dejaba fuera la malversación de los separatistas catalanes. Por ello, invocaron el artículo 27 de su Estatuto, un mecanismo previsto en caso de discrepancia con su superior jerárquico, para que fuese la Junta de más de treinta fiscales del Alto Tribunal –el denominado 'generalato' de la Fiscalía– el que resolviese el conflicto. Los votos del propio fiscal general y de su predecesora Dolores Delgado fueron clave para inclinar la balanza de un cónclave totalmente dividido.

Si bien cabe recordar que la facultad discrecional última para las designaciones, con independencia de la mayoría de apoyos obtenidos por los vocales del órgano consultivo, la tendrá el titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz.

Criticada política de nombramientos

García Ortiz continúa, así las cosas, de espaldas a su posible imputación, con su política de nombramientos, para los huecos que están pendientes de cubrirse. De hecho, muchos en el seno de la institución presuponían que la última ocasión en la que el fiscal general aprobó una serie de designaciones, el pasado mes de julio, sería su última oportunidad para hacerlo.

En concreto, en aquella ocasión, y como adelantaba El Debate, se asomó a un total de nueve plazas: dos de ellas para titulares del Supremo (TS), puesto para el que concurrieron más de medio centenar de candidatos; una de la Audiencia Nacional (AN); los huecos de las fiscalías superiores de Asturias y Valencia; el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) –donde, precisamente, se está instruyendo la causa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta, contra la Fiscalía–; la jefatura de la Audiencia Provincial (AP) de Granada; y, además, tres jefaturas de área en Alzira, Arenys de Mar y Ferrol.

Desde que llegase al cargo, García Ortiz ha sembrado no pocas dudas en su política de nombramientos, en especial tras la decisión del Supremo de anular la designación de su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, como fiscal togada de lo Militar del Alto Tribunal. Una decisión en la que cometió una «desviación de poder» para ascender a su mentora a la más alta categoría del escalafón de la Carrera. No era la primera vez que el máximo responsable de la Fiscalía elegía, incluso en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, un perfil afín para ocupar un puesto de relevancia en la institución.

De hecho, García Ortiz ha continuado con la tendencia iniciada por Delgado para consolidar un dudoso récord que, tan sólo en el seno de la Junta de fiscales de Sala, ha supuesto colocar a más de una veintena de miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que él mismo perteneció en el pasado, entre los treinta y seis integrantes totales, en los últimos años.