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Pedro Sánchez, en una reunión en la MoncloaEuropa Press

Sin salida

El Gobierno carga contra el PP por no salvarlo de Junts y pasa a las amenazas

Los ministros del ala socialista acusan a los populares de tirar por la borda 12.000 millones destinados a las comunidades y los ayuntamientos con su empeño de no aprobar la senda de estabilidad

La expedición del secretario de Organización del PSOE a Bruselas en busca de los siete votos de Junts para la votación del jueves en el Congreso -la senda de estabilidad- no ha podido ser más frustrante para los socialistas. Santos Cerdán se vino de manos vacías después de haber pasado por la humillación de ir a rogar nuevamente a Carles Puigdemont, el amo de llaves de la legislatura.

Como contó El Debate el sábado, en el Gobierno ya se preparaban para una derrota desde antes de esa reunión furtiva, conscientes de que las probabilidades de convencer a Puigdemont eran prácticamente nulas. Y en estos días previos han decidido pagar su frustración no con Junts, sino con el PP.

Los ministros Óscar Puente, Óscar López y Félix Bolaños, que forman la guardia pretoriana de Pedro Sánchez, salieron en tromba este lunes contra Alberto Núñez Feijóo por no salvar al Gobierno de sus propios socios de investidura. «Resulta absolutamente inconcebible que el PP quiera votar un recorte de 5.000 millones de euros para comunidades autónomas y ayuntamientos, muchos de los cuales están gobernados por el PP. No les importa perjudicar a los ciudadanos si con ello intentan boicotear la acción del Gobierno», se quejó Bolaños.

A lo que rápidamente respondió la secretaria general del PP, Cuca Gamarra: «Lo que es tremendamente irresponsable es que presenten el mismo techo de gasto que ya fue rechazado y pretendan que sea un trágala para el partido más votado. ¿Dónde está la mayoría progresista de la que llevan hablando un año? Dejen de marear y pongan las urnas».

«Es extremadamente grave que el PP, que con una mano está pidiendo más recursos para las comunidades, esté dispuesto a tumbar 12.000 millones en dos años para comunidades y ayuntamientos», lamentó el ministro López en TVE. «Van como pollo sin cabeza, y esta posición tiene consecuencias», añadió.

No era una amenaza al aire. Desde el Ministerio de Hacienda llevan días insistiendo en que los populares se darán un tiro en el pie si no aprueban los objetivos de déficit y deuda de María Jesús Montero, que son exactamente los mismo que la vicepresidenta primera ya sometió a votación en la Cámara Baja en julio. Porque tendrán menos dinero para gastar. E incluso insinúan que puede haber represalias, porque han vuelto las reglas fiscales a la UE. Así que Hacienda puede pedir a las administraciones regionales y locales planes de reequilibrio o retener las entregas a cuenta, sugieren.

Sin embargo, la presión gubernamental no ha surtido efecto con el PP. El domingo, el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, reiteró que el principal partido de la oposición votará en contra. Bravo criticó la desproporción en el reparto del déficit y la deuda presentado: «Del 3,9 % de déficit previsto deja a las comunidades el 0,1 % y el resto se lo queda el Gobierno central», señaló.

Y, este lunes, el propio Feijóo contestó a Sánchez: «Es todo tan demencial que el mismo Gobierno que dice que no aprobar los Presupuestos no es ningún drama, amenaza a los presidentes autonómicos con pérdidas multimillonarias si no se aprueban. Y es todo tan demencial que el presidente que afirma sin parar que hay legislatura para rato, manda una delegación a Suiza para rogarle a Puigdemont que no dé por finalizada la legislatura (...). Hay un Gobierno insostenible. Yo creo que debería haber alguien en Moncloa que le dijese a Sánchez que así no se puede gobernar», sostuvo el líder de la oposición. Mientras, desde Ferraz, la portavoz del PSOE, Esther Peña, le acusaba de ser «un líder menguante que ya solo trabaja para él».

Los populares están convencidos de que esta previsible derrota es la antesala de la prórroga de los Presupuestos de 2023 por segundo ejercicio consecutivo, y que ése será un lastre demasiado pesado de llevar para el Ejecutivo. Por más que el presidente y sus ministros estén intentando quitarle importancia.

La ironía es que, en julio, el Gobierno modificó por la puerta de atrás la ley de estabilidad presupuestaria para eliminar la capacidad de veto sobre el techo de gasto que hasta entonces tenía el Senado; con la intención de que el PP no utilizara nuevamente su mayoría absoluta para echarlo atrás. Y ahora resulta que el techo de gasto ni siquiera va a llegar a esa pantalla, porque todo apunta a que no pasará del Congreso.