Las Cortes de Castilla y León rechazan tramitar la ley de concordia y se escenifica la ruptura total entre PP y Vox

No hubo sorpresas. Todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León a excepción de Vox votaron este miércoles en contra de que la proposición de ley de concordia, en su día registrada por este y el PP, fuera tomada en consideración, por lo que no será tramitada. Contó con 12 síes y 67 noes. La sesión plenaria dejó ver además la ruptura total entre quienes fueron socios de gobierno hasta julio, que se acusaron mutuamente de hacer «pinza» con el PSOE.

Era una votación esperada, puesto que ya la semana pasada, tras la Junta de Portavoces, los populares anunciaron su 'no' a tramitar la norma alegando que no disponían del informe del Consejo Consultivo, y por lo tanto, se opusieron en la Mesa a que se incluyera en el orden del día del Pleno de esta semana, aunque finalmente salió adelante por los votos de Vox y de los socialistas.

El portavoz de Vox en las Cortes, Juan Garía-Gallardo, tildó de «sorprendente, inédita y torpe» la «maniobra tramposa» que según denunció pretendió llevar a cabo el PP en esa junta de portavoces al volver a pedir un informe que, señaló, «no es preceptivo» para este tipo de iniciativas, y recordó en este sentido que ninguna proposición de ley en las dos últimas legislaturas había sido aprobada con este informe del Consejo Consultivo.

«¿Es razonable dudar de la legalidad o la constitucionalidad de una proposición de ley que lo que hace es ampliar los derechos de las víctimas y que propone la concordia? ¿Qué parte de la ley genera dudas al Grupo Parlamentario Popular? Si de verdad les genera dudas, ¿por qué registraron la ley con su redacción actual? ¿por qué firmaron la proposición de ley? ¿por qué la registraron con nosotros? ¿por qué la han estado defendiendo hasta antes de ayer», le recriminó García-Gallardo a la bancada popular, sin estar presente Alfonso Fernández Mañueco. Y calificó de incomprensible el cambio de postura al respecto por parte del PP.

Y avisó a los populares de que les harán oposición, «y no superficial, sino contundente». «Si su plan es hacer seguidismo de las políticas del PSOE como parece en tantos y tantos temas, nuestra oposición va a ser todavía más firme y contundente», afirmó el exvicepresidente de la Junta, que aseguró que si no existiera Vox, nadie habría cuestionado el decreto de memoria histórica.

Por su parte, desde el PP, el diputado Óscar Reguera defendió que su partido no ha cambiado su postura, y sostuvo que «dada la coyuntura actual, hay razones de oportunidad, de prioridad y de prudencia que aconsejan posponer su tramitación». Y si bien señaló que estaban convencidos de que la proposición de ley es constitucional, aludió al recurso del Gobierno central presentado contra la ley de concordia de Aragón –la derogación de la ley de memoria–, y al posible recurso contra la de la Comunidad Valenciana.

«El PP ha considerado que para avanzar en su tramitación y aun no siendo obligatoria juzgamos necesario un informe del Consejo Consultivo de Castilla y León que verifique la constitucionalidad de la proposición de ley, pues es probable que el Gobierno presente recurso también contra ella. Este informe parece resultar imprescindible para continuar la tramitación de este proyecto de ley», añadió el diputado popular. Desde su formación entienden que no es prioritario que continúe su tramitación y que de no disponer del mismo, «la prudencia aconseja esperar».

Pero además, Reguera manifestó que su partido está centrado en «políticas prioritarias» como las relativas al mundo rural, el diálogo social o las rebajas fiscales y Vox, ahora ya fuera del Gobierno autonómico, inicia su labor de oposición. «¿Es Vox verdaderamente un partido de gobierno, o siente vértigo al hacerlo?», señaló, para después acusar a Vox y al PSOE de ejercer una pinza contra los populares.