García Ortiz rechaza aplazar el nombramiento del fiscal jefe de la Sala del Supremo que decidirá sobre su imputación

El fiscal general del Estado descuenta los días que restan para conocer la decisión del Supremo sobre la exposición motivada que, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevó contra él, en su condición de aforado, por un presunto delito de revelación de secretos.

Un asunto que corresponde a la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal. La misma para la que Álvaro García Ortiz designará un nuevo titular de la Fiscalía, este mismo jueves en el Pleno del Consejo Fiscal (CF), pese a que, próximamente, será el mismo órgano el que acordará, o no, si le abre una investigación. García Ortiz ha rechazado apartarse de la designación o, al menos, postponer la misma, hasta que se conozca su futuro judicial, tal y como le pedía uno de los vocales del Consejo, el representante de la Asociación Profesional e Independiente (APIF), Salvador Viada.

Así, al menos, lo hacía constar Viada, en un escrito al que ha tenido acceso El Debate, y en el que reflejaba la causa de abstención que, a su juicio, pesa sobre el fiscal general en lo relativo a la deliberación y votación de dicha plaza. Una vacante a la que, además, concurren dos de los cuatro fiscales del procés que fueron apartados de la causa especial del 1-O por discrepar del criterio de García Ortiz en la aplicación de la amnistía a los separatistas catalanes condenados. Siendo uno de ellos, el veterano Javier Zaragoza, el mejor posicionado del escalafón.

Así las cosas, las causas de abstención que «son aplicables a los miembros del Ministerio Fiscal quedan reguladas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre (según establece el Reglamento del Ministerio Fiscal de fecha 3 de mayo de 2022, que remite a dicha norma en materia de resoluciones en materia administrativa y gubernativa del Ministerio Fiscal)»; y, «están recogidas en el art. 23 de la citada Ley».

De esta manera, Viada instaba la semana pasada al fiscal general para que se auto alejase del asunto en discusión ya que, en este contexto, «no es aplicable» solicitar una «recusación» ya que dicha figura «solo puede ser ejercida por los interesados en la tramitación directa del procedimiento». Condición que no ostenta el consejero crítico con la presencia de su superior jerárquico en el cónclave que, mañana jueves, dirimirá el nombramiento.

Considera el representante de la APIF que, pese a lo anterior, «sí hay que velar por la pureza» del procedimiento de selección de un fiscal para la Jefatura de la Sala Penal del TS. «Entre mis obligaciones está la de llamar la atención si se diera alguna circunstancia que pudiera haber pasado inadvertida a alguien a quien pudiera afectar», alerta Viada en el texto presentado a García Ortiz.

Creo que el prestigio de la Fiscalía debe estar por encima de cualquier otra consideraciónSalvador ViadaVocal electo de la APIF en el Consejo Fiscal

No en vano, de acuerdo con los motivos previstos en nuestro ordenamiento para que un fiscal se aparte de una materia determinada está el de «tener un interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel (...) o tener alguna cuestión litigiosa pendiente con algún interesado» en el mismo.

Y «cualquiera puede entender que no es indiferente para un investigado que el fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal» que le podría investigar, ya se haya pronunciado sobre la cuestión, en la Junta de fiscales de Sala, apunta el consejero Viada. Ésta es «la situación, en el presente momento, que de manera directa concierne» al propio García Ortiz, dependiendo de quién sea el fiscal elegido para ocupar la plaza de la Sala Segunda en discusión.

La «apariencia de imparcialidad»

Si bien es cierto que el Supremo puede inadmitir la imputación de García Ortiz, también puede «ocurrir lo contrario». Es decir, en el caso de que los magistrados del Alto Tribunal den luz verde, como todo parece indicar, a la investigación de un fiscal general del Estado, por primera vez en democracia, «el terreno de la apariencia de imparcialidad para decidir» jugará un papel relevante, reivindica el veterano fiscal.

Por ello, cree que «lo más razonable es posponer abordar la decisión sobre el punto referido hasta que la Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronuncie» sobre el fiscal general o, en el caso de que éste decida no hacerlo, «abstenerse de intervenir» en cualquier modo en dicho nombramiento.

«No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez» que las decisiones relativas a nombramientos de García Ortiz han sido desautorizadas por el Tribunal Supremo, obligando a fiscales a acudir reiteradamente a reclamar Justicia ante nuestro más Alto Tribunal«, señala Salvador Viada. Un TS que «ha llegado a anular» alguna de las designaciones del fiscal general «por haber incurrido, incluso, en desviación de poder».