Margarita Robles y Pedro Sánchez en una imagen de archivo
Otra línea roja
Sánchez utiliza el CNI como carnaza para el independentismo y acepta desclasificar documentos
En apenas 24 horas, los socialistas votan a favor de la tramitación de una iniciativa del PNV para aumentar el control político sobre el CNI y se abren a entregar documentación confidencial
El Gobierno ha decidido volver a utilizar el CNI como moneda de cambio y carnaza con el independentismo. Principalmente con Junts, pero también con el PNV, ERC y Bildu.
En las últimas horas, los socialistas han hecho un doble movimiento buscando el favor -los favores- de los separatistas. Por un lado, se han abierto a desclasificar los documentos del CNI relativos a los atentados de Las Ramblas y Cambrils de agosto de 2017. Por el otro, han facilitado la tramitación parlamentaria de una proposición de ley del PNV que persigue aumentar el control político y judicial sobre las actividades de sus agentes.
Ambas concesiones tienen que ver con las tribulaciones parlamentarias por las que está atravesando el Ejecutivo de Pedro Sánchez al comienzo de este curso, entre la venganza de Carles Puigdemont, el cruento congreso de ERC y los avisos del PNV.
En lo que se refiere a la desclasificación de los papeles del CNI sobre los atentados yihadistas, ésta es una vieja exigencia de Junts a la que el Gobierno se había negado hasta ahora. Sin embargo, sorpresivamente, desde el Ministerio de Defensa confirmaron este miércoles que no ven problema alguno en facilitarlo porque no hay nada comprometido en esos documentos.
Familiares y allegados de las víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017
El cambio de criterio se debe a que es una exigencia de Puigdemont para llegar a un acuerdo sobre la senda de estabilidad, después de que el Ejecutivo optara por retirarla de la votación de este jueves en el Congreso cuando se dirigía a una derrota segura.
El Consejo de Ministros tendría que autorizar la desclasificación de los documentos, que se entregarían en el marco de la llamada «Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017», que se reactivará este jueves en el Congreso. Como también la de la llamada Operación Cataluña. Ambas fueron un pago a los independentistas para que votaran a favor de Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja en el verano de 2023. Sin embargo, la falta de acuerdo con el PSOE sobre el plan de trabajo de ambas hizo que quedaran inactivas. Hasta ahora.
Por lo que se refiere a la iniciativa del PNV, el martes el PSOE votó a favor de la toma en consideración de una proposición de ley para atar en corto al CNI. La sorpresa fue mayúscula incluso para los proponentes, puesto que los de Aitor Esteban ya la habían llevado al Pleno la legislatura pasada y entonces se encontraron con un «no» rotundo de los socialistas.
El precedente de Aragonès
No es la primera vez que Sánchez utiliza el CNI como trueque con los independentistas. El pasado enero, el Consejo de Ministros autorizó desclasificar la documentación relativa al espionaje del CNI al expresidente de la Generalitat Pere Aragonès. El Gobierno adujo entonces que se trataba de una desclasificación «parcial» para «un caso concreto» y que respondía a la petición del titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, ante quien Aragonès interpuso una denuncia en julio de 2022.
El gesto de Sánchez con ERC sentó un precedente. Puesto que, meses antes, el Gobierno se había negado a desclasificar información sobre otros dos casos: los del presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlamento de Cataluña, Josep María Jové, y la portavoz del partido en el Parlamento europeo, Diana Riba.
El presidente también utilizó el CNI como carnaza para los secesionistas a propósito de la crisis de Pegasus, el espionaje a dirigentes independentistas entre 2017 y principios de 2020 con autorización judicial. El Gobierno destituyó a la entonces directora del CNI, Paz Esteban, y Sánchez prometió reformar la ley orgánica que regula el control judicial previo del CNI y la ley de secretos oficiales. La semana pasada, el Gobierno recuperó este último compromiso dentro de su llamado Plan de acción por la democracia.
La Cámara Baja conoce de las actividades del CNI a través de la Comisión de secretos oficiales, de la que forman parte los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Incluidos los de Junts, ERC y hasta Bildu (otra concesión de Sánchez a los independentistas la pasada legislatura). Como contó El Debate, precisamente el jueves, el Pleno votará la incorporación a esa comisión del portavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Puesto que, cuando se constituyó, la portavoz de Sumar era Marta Lois, no él. Las sesiones de esta comisión se celebran a puerta cerrada y, en teoría, quienes asisten están obligados a no revelar nada de lo que allí escuchan y ven. Pero en la práctica siempre se producen filtraciones.