La Fiscalía estudiará si Alvise cometió un delito de financiación ilegal y él afirma ser «uno de los estafados»

La Fiscalía General del Estado ha enviado un escrito al Supremo contra Alvise Pérez –líder de la agrupación de electores 'Se Acabó la Fiesta' (SALF)– para que los responsables del Ministerio Público del Alto Tribunal determinen si el eurodiputado cometió un delito de financiación ilegal tras haber recibido 100.000 euros del dueño de la compañía de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC), Álvaro Romillo. A su vez, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra este empresario por una presunta estafa que podría superar los 600 millones de euros.

Pérez ha asegurado a El Debate que «me venía genial esta última campaña de márquetin como autónomo que era, teniendo en cuenta que me había comprometido a donar íntegramente el 100 % de mi sueldo y a no enriquecerme de dinero público». «Es necesario reivindicar el dinero en efectivo; aunque tendría que haber insistido y cobrarlo mediante factura. En el momento procesal oportuno me arreglaré con la Agencia Tributaria y abonaré lo que corresponda», ha agregado. Igualmente, el europarlamentario ha señalado en su canal de Telegram que «el líder de SALF habría aceptado como autónomo el pago de servicios sin factura mientras criticaba el 'control fiscal' del Estado».

En el escrito que Romillo dirigió a la Fiscalía –al que ha tenido acceso El Debate– se manifiesta que Alvise le indicó al empresario que «como voy a renunciar al 100 % del sueldo público me viene bien también eso para financiar la aventura política. El cash es irrastreable». El presunto estafador asevera que «finalmente el día 27 de mayo de 2024 le digo (a Alvise) que puede pasarse por el SENTINEL (su entidad) para recoger en efectivo la cantidad de 100.000 euros, a lo cual me responde: '100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío'.

Además, el documento recoge que «tras recibir confirmación por parte de mi empleado de que efectivamente se entregó esa cantidad, escribo al Sr. Pérez para reconfirmar, respondiéndome que todo ok y que 100.000 gracias (sic)». También expresa que Alvise contactó con Rodillo «para proponerme que creemos una Wallet con QR para que los interesados pudieran realizar aportaciones y financiar de forma anónima y encriptada a 'ardillas'»; y que en un evento en el Hipódromo le ayudó «a promocionar los servicios que presto».

Así las cosas, el dirigente de SALF ha comunicado a este periódico que «por cierto, soy uno de los estafados», «a nivel imagen (que me relacionen con una estafa es una barbaridad que me perjudica), pero sigo defendiendo el valor de las criptomonedas como mecanismo de lucha contra el control abusivo del estado en las monedas fiat» (dinero por decreto). «Austria ha declarado el dinero en efectivo como un derecho constitucional, por cierto. Me gustaría hacer lo mismo», ha esgrimido a renglón seguido.

Por su parte, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas –que ha denunciado ante la Audiencia Nacional a la empresa de moneda digital MIC– a través de sus letrados Aránguez Abogados ha solicitado que se amplíe la causa para «la investigación (imputación) de Luis Pérez Fernández (Alvise)». Asimismo, en un comunicado han relatado que «puesto que se trata de un eurodiputado, también hemos instado a la Audiencia Nacional para que se inhiba al Tribunal Supremo, que sería el órgano competente».

En el escrito de Romillo al Ministerio Público se afirma que «quien suscribe está dispuesto a asumir las responsabilidades tanto penales como civiles que pudieran resultar finalmente de mi actuación. Por medio de la presente, muestro mi intención de colaborar con la Justicia en todo aquello que repute como necesario, querando a disposición de la Fiscalía y del Órgano Judicial que en su caso instruya la causa con el objeto de ampliar o aclarar cualquier tipo de cuestión con relación a mi actividad profesional y con mi relación el fundador del partido político referido».