El PSOE convierte el Congreso en pasto de teorías conspiranoicas contra el CNI, policías, jueces y el PP

El PSOE ha decidido convertir el Congreso en pasto de teorías de la conspiración y fango en torno al CNI, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces y el Gobierno de Mariano Rajoy. Entra dentro del trato con Junts para que Carles Puigdemont acceda a aprobar la senda de estabilidad del Gobierno y, más adelante, los Presupuestos Generales de 2025.

Las cesiones del grupo parlamentario socialista permitieron que, este jueves, la Cámara Baja reactivara dos comisiones de investigación pactadas en el verano de 2023 entre el PSOE y los secesionistas a cambio de la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso.

Una es sobre los atentados yihadistas de Las Ramblas y Cambrils ocurridos en agosto de 2017 y otra es sobre la Operación Cataluña. En ambos casos, ERC y Junts hace tiempo que extrajeron sus conclusiones: fueron las cloacas del Estado, incluidos jueces que incurrieron en lawfare.

Para la comisión de los atentados terroristas, los socialistas han accedido a que el Consejo de Ministros desclasifique documentación del CNI relativa al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, el líder de la célula yihadista que perpetró la matanza y que había sido confidente del CNI.

Entre esos papeles, el registro de visitas a Es Satty en la prisión de Castellón, porque los separatistas aseguran que miembros del CNI le visitaron en la cárcel cuando cumplió condena previa por tráfico de drogas. Hubo una sentencia de la Audiencia Nacional, después ratificada por el Tribunal Supremo, que determinó que el imán murió en la explosión de la vivienda de Alcanar (en Tarragona) ocurrida el día antes de los atentados, que fue la que precipitó la acción terrorista.

Sin embargo, Junts y ERC han llegado a sostener que no está claro que Es Satty esté muerto y que aquel atentado fue un susto que el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, quiso darle a Cataluña y se le fue de las manos. Una versión patrocinada por el excomisario José Manuel Villarejo, según el cual lo que pretendían los servicios de inteligencia era dar la apariencia del riesgo para que Cataluña viera la necesidad de la protección del Estado.

En noviembre de 2023, el Supremo cerró la causa y dio carpetazo a todas las teorías conspiranoicas, incluida la de que el imán sigue vivo y protegido por el CNI. Los magistrados también descartaron cualquier implicación de sus agentes, por acción u omisión. Es más. Ya hubo una comisión de investigación en el Parlament de Cataluña entre los años 2018 y 2020, de la que se celebraron 24 sesiones con decenas de testimonios. Y, en el escrito de conclusiones que impulsó el PSC, los diputados concluían que no se podía «desprender» que el CNI hubiera estado al tanto de los planes del imán solo porque anteriormente hubiera sido su confidente.

Por lo que se refiere a la comisión de la Operación Cataluña, se trata de la quinta de este tipo que impulsan el PSOE y los independentistas en los últimos años. En esta ocasión, este jueves pactaron este jueves una lista de una veintena de comparecientes, encabezada por el expresidente Mariano Rajoy. También la que fuera su vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría; la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz; el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; y quien fue su director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

Entre los llamados a declarar están también el expresidente catalán Artur Mas, Oriol Junqueras y varios policías ya retirados o aún en activo que ya han comparecido en anteriores comisiones sobre las «cloacas del Estado», como Marcelino Martín Blas y Eugenio Pino. No así el excomisario Villarejo.

En noviembre de 2023, el acuerdo de investidura al que llegaron el PSOE y Junts especificaba: «Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». Ello puso en pie de guerra a todo el Poder Judicial, puesto que abría la puerta a que el Parlamento revisase las sentencias de los jueces e, incluso, tomara represalias. Algo que los socialistas después negaron.