Los fiscales se preguntan si la número dos de García Ortiz puede informar al Supremo sobre la imputación de su jefe

Los fiscales no salen de su asombro. La situación procesal del titular de la institución, Álvaro García Ortiz, al borde de la imputación no le ha impedido seguir con su cuestionada política de nombramientos, ni mucho menos designar, en los últimos días, al fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Supremo que será la encargada de tomar una decisión sobre su futuro judicial, pese a la solicitud de abstención y/o aplazamiento que se instó en el último Consejo Fiscal.

Así las cosas, además, en el seno de la Carrera se preguntan si, en este caso inédito –nunca antes en democracia un fiscal general se había visto penalmente cuestionado– la Fiscalía «puede ejercer su función de defensa de la legalidad, bajo los principios de dependencia jerárquica e imparcialidad que la rigen, mientras su máximo jefe sigue en el puesto».

No en vano, la encargada de informar al Supremo sobre la posible investigación criminal de García Ortiz es su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde quien, a juicio de la mayoría de los miembros del escalafón, está inmersa en un «conflicto de intereses» que le impide «pronunciarse con la neutralidad y objetividad» que se presuponen en cualquier otroa escenario.

El pasado día 9 de septiembre, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal pedía a la Fiscalía un informe sobre la competencia y el contenido de la exposición razonada que, el pasado mes de julio, había elevado el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco José Goyena, contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Un dictamen que está a punto de conocerse y que, sin embargo, en el Ministerio Público suscita numerosas críticas, por la «estrecha vinculación orgánica que une a la autora con el interesado, que es su jefe», apuntan fuentes fiscales a El Debate.

Mientras tanto, en el Alto Tribunal esperan con las denuncias y querellas planteadas sobre el asunto, inicialmente instado por el principal afectado, el novio de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, sobre la mesa. Con la suya fueron acumuladas, en una única causam las acciones presentadas por asociaciones, como la Fundación Foro Libertad y Alternativa o el sindicato Manos Limpias, por los mismos hechos, atendiendo al criterio de antigüedad.

De este modo, y en el caso de que las acusaciones contra García Ortiz resulten admitidas, en los próximos días, el Tribunal –conformado por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Susana Polo (ponente)– resolverá todas las cuestiones en una misma sentencia.