La Fiscalía sale en defensa de su jefe y no ve delito en la filtración del fiscal general sobre el novio de Ayuso

La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha salido al rescate de su jefe, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa que pesa sobre él por un presunto delito de revelación de secretos. Según ha podido saber El Debate, la número dos de la Fiscalía ha contestado a la Sala Segunda del Tribunal que no procede la imputación de su superior, como sí solicitaba la exposición motivada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del pasado mes de julio, ya que «los hechos» objeto de la investigación preliminar «no son constitutivos de delitos». Y, por lo tanto, solicita el archivo de las actuaciones.

Así se desprende del escrito, de 46 páginas, al que ha tenido acceso este diario, en el que Sánchez Conde vuelve a insistir en que no pudo darse el tipo penal recogido en el delito previsto en el Código Penal para la revelación de secretos, cuando los datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, ya se conocían por los medios de comunicación, antes de publicarse en la nota de prensa divulgada por la Fiscalía de Madrid. Sin embargo, fuentes judiciales apuntan a que «con independencia de si eran de dominio público, o no», la clave está en si la Fiscalía, y ése es el ilícito, «reveló información personal» del empresario madrileño, «que no debió haber trascendido, ni el fiscal general confirmarla».

El Ministerio Público también señala que, «tras hacerse pública la existencia de una investigación de carácter penal frente al señor González Amador, en el entorno del investigado hubo una reacción virulenta que puso su foco en la fiscal jefa de Madrid», «de la que se resaltó su posible vinculación político-ideológica de carácter antagónico a la ostentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid», «afirmándose incluso que la investigación tenía un fin espurio».

Sánchez-Conde considera que «lo anterior, unido a la falsedad tanto de algunas publicaciones periodísticas como de manifestaciones realizadas desde el entorno de la presidencia de la Comunidad de Madrid, hizo imprescindible la difusión de una nota de prensa de carácter institucional que proporcionase a la ciudadanía información veraz, una información que no revelaba ningún dato que no fuere ya conocido por la opinión pública».

«En definitiva», resume la teniente fiscal, «ante el interés general suscitado por la opinión pública en relación con las informaciones publicadas, la nota de prensa emitida por la Fiscalía se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, los infundios publicados» por la prensa, «así como por el jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid», Miguel Ángel Rodríguez.

Sánchez-Conde reivindica que, «en este contexto de desinformación y falta de veracidad, se encontraba la necesidad, además de defender la imparcialidad de un órgano de naturaleza constitucional como es el Ministerio Fiscal y a sus propios integrantes que desarrollan sus funciones con absoluta profesionalidad, de dar información auténtica y fidedigna que corrobore la realidad de los hechos».

Al hilo, recalca que «el Ministerio Fiscal tiene encomendada la función de informar a la opinión pública de los hechos que se produzcan en su ámbito competencial, obligación que aparece cuando, como es el caso, se difundieron noticias claramente falsas, que estaban causando un importante revuelo mediático y confusión interesada y que comprometían la imagen de varios fiscales en particular y de la institución en general».

«Por tanto, era imprescindible para el Ministerio Fiscal aclarar un bulo mediante una nota oficial al objeto de que la ciudadanía pudiese recibir información veraz», zanja.

El empresario González Amador, investigado por presunto fraude fiscal en un juzgado de Madrid, presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos fiscales por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su procedimiento.

Tras investigarlo y asumir García Ortiz su responsabilidad, el TSJM envió la causa al Supremo por si había indicios contra él, algo que rechaza de plano la teniente fiscal, que defiende que los hechos no son constitutivos de delito y pide archivar las actuaciones.