El juez Moreno amplía el foco sobre las irregularidades del Gobierno en la compra de mascarillas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido ampliar el foco de la investigación sobre la presunta trama dedicada a la intermediación y venta de mascarillas que fueron adquiridas por el Gobierno, a la empresa Soluciones de Gestión recomendada por el Ministerio de Transportes que, en plena pandemia dirigía el entonces ministro José Luis Ábalos.

El magistrado ha dictado tres nuevos autos en los que acuerda una batería de diligencias en el marco de la investigación por las presuntas comisiones irregulares, vinculadas al material sanitario, entre ellas la testifical de los autores del informe de auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González.

En uno de los autos, Moreno accede a la petición de la acusación popular Liberum para la práctica de testificales al objeto de esclarecer la falta de justificación de la recepción de las mascarillas objeto de los contratos de suministro otorgados por Puertos del Estado y ADIF a la mercantil designada, Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL.

Así, el magistrado acepta citar como testigos al propietario y presidente de la sociedad Raminatrans SL, Rafael Millas, al jefe de Presupuestos, Contratación y AAGG del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jorge Meana, y al secretario general y del Consejo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Julio González García.

Respecto del resto de solicitudes de dicha acusación, explica el instructor, se acordará la procedente una vez practicadas las anteriores declaraciones testificales.

Que se refuercen recursos en Hacienda

En un segundo auto, Moreno acceso a la solicitud de la Fiscalía de requerir a la AEAT para que designe funcionarios en función de auxilio judicial para la determinación de las cuotas que eventualmente pudieran haber dejado de ingresar a la Hacienda pública la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL y el supuesto conseguidor e investigado Víctor de Aldama en el ejercicio 2020.

Igualmente accede el magistrado a la práctica de la diligencia solicitada por el Ministerio Público para que, a la vista de las declaraciones presadas por investigados y testigos y al objeto de esclarecer los contratos adjudicados por Puertos del Estado, ADIF y por la Secretaria de Estado de Seguridad, se tome declaración como testigos al director general de Coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González, así como a las das inspectoras de Servicios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible participantes en el informe de auditoría desarrollada en cumplimiento de la Orden de 27 de febrero de 2024 dictada por el responsable de la citada cartera.

Baleares y Canarias, en el punto de mira

Por último, en un tercer auto, el titular del Jugado central de Instrucción número 2 acuerda la práctica de otra diligencia solicitada por la Fiscalía Anticorrupción consistente en dirigir sendos mandamientos a los Servicios de Salud de Islas Baleares y de Canarias para que se facilite copia, en presencia de la Guardia Civil, del contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo de determinadas personas, así como la documentación que obre en su poder sobre contratos adjudicados a Soluciones de Gestión que no hubiera sido previamente entregada.

El juez explica que esta diligencia es útil para el descubrimiento del ilícito penal objeto de investigación, proporcionada a la gravedad del delito y necesaria para poder avanzar en la investigación, que se sigue por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.