La legislatura de Sánchez, en manos de Conde-Pumpido

El independentismo recibió sin sorpresa la decisión del Tribunal Supremo de rechazar su recurso sobre la no aplicación de la ley de amnistía en casos vinculados a malversación. La interlocutoria, de la sala, presidida por Manuel Marchena, además de ser esperada por el independentismo es casi recibida con alivio, dado que abre la puerta a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, tal como ya ha anunciado que va a hacer Oriol Junqueras, a quien el Supremo ha mantenido su inhabilitación hasta el año 2031.

Desde Junts se considera que la decisión del Tribunal Supremo se ha demorado premeditadamente para perjudicarles y creen que ahora, con la entrada en juego del Tribunal Constitucional presidido con Conde-Pumpido, ha llegado la hora de la verdad para Pedro Sánchez.

El independentismo sabe que los miembros del Constitucional son nombrados por afinidad política, por lo cual consideran que no hay escapatoria para Sánchez y que desde el Tribunal Constitucional la amnistía debe ser aplicada plenamente «tal como quería el legislador».

Tanto en Junts, como en ERC, temen que el Constitucional se demore en su resolución, amparándose en que tienen encima de la mesa diversos recursos sobre la ley de amnistía pendientes de resolver. Los recursos de los independentistas están preparados para ser registrados, pero son conscientes de que no van a ser valorados hasta que no se hayan despachado los asuntos previos sobre la misma materia. Si bien Puigdemont no presenta recurso, porque no ha sido juzgado ni sentenciado, la resolución del TC le afectaría en caso de que la decisión fuera la de actuar como sala de casación del Supremo, como ya ha sucedido en otras ocasiones recientemente, y decida revertir la postura de Marchena y Llarena.

Los socios independentistas de Sánchez no quieren sorpresas y exigen que la amnistía se les aplique en su totalidad en el Constitucional, dado que temen tener que recurrir a la Justicia europea, en la que tanto confiaron en el pasado, tras recibir, como un jarro de agua fría, hace pocos días, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la imposibilidad de tomar posesión del escaño europeo sin antes acatar la constitución, lo que ha dejado a Junts sin representación en Bruselas.

Pedro Sánchez congeló la semana pasada, desde Nueva York, la tramitación de la senda de gasto y de los presupuestos, hasta que Junts y ERC hayan celebrado sus congresos en octubre y noviembre de este año. La Moncloa es consciente de que, sumidos en un ambiente precongresual, ni ERC ni Junts están en condiciones de realizar nuevas concesiones al PSOE, pero la inquietud hace mella en los socialistas, dado que una dilatación excesiva del Constitucional en posicionarse a favor del independentismo paralizaría la tramitación de los presupuestos del Estado, pero también de los presupuestos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.

Tanto en el Parlamento autonómico como en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal los socialistas necesitan, obligatoriamente, el voto de ERC para sacar adelante las cuentas públicas. La colaboración de Junts solo es necesaria en el Congreso. Miriam Nogueras, portavoz del Junts en la Cámara Baja, ha desvinculado la aprobación de los presupuestos a la continuidad de Sánchez en el Gobierno. Junts insiste en que no forman parte de ningún bloque y que aplicarán la política de Simeone de «partido a partido» o tema a tema.

Según Junts, la legislatura y los temas que se aprueben dependen exclusivamente de la voluntad de Sánchez de llegar a acuerdos con ellos. Dicho de otro modo, Junts no apoyará una moción de censura, pero dejará a Sánchez en vía muerta, sin capacidad para aprobar nada en el Congreso si Conde–Pumpido no enmienda a Marchena y aplica la amnistía a Turull, Junqueras, Romeva, Bassa y, de rebote, a Puigdemont.