El fiscal Zaragoza: «Fortalecer la democracia implica preservar la independencia judicial y una prensa libre»

La defensa del Estado de Derecho y la protección de la separación de Poderes se han convertido en punta de lanza de las críticas en el seno del Ministerio Fiscal, ante su máximo representante, Álvaro García Ortiz, más cuestionado que nunca por sus decisiones y al borde de la imputación penal en el Supremo, por un presunto delito de revelación de secretos. Así ha quedado claro en el transcurso de la III Jornada por el Estado de Derecho que, bajo el título «El Horizonte del Ministerio Fiscal», ha celebrado la asociación Foro Judicial Independiente (FJI).

«El Derecho no es un instrumento de la Democracia sino que sólo a través del Derecho puede garantizarse la Democracia», arrancaba Celso Rodríguez Padrón, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) y encargado, junto con la fiscal jefe superior de Madrid, Almudena Lastra, de inaugurar las ponencias programadas para la ocasión.

El primer panel, «Ministerio Fiscal y Separación de Poderes», a cargo de los fiscales de Sala del Supremo Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza –ambos ex responsables del juicio del procés, purgados por García Ortiz tras oponerse a la aplicación total de la amnistía–, moderados por el veterano Salvador Viada, vocal del Consejo Fiscal (CF), no ha dejado indiferente a nadie.

Es el imperio de la ley y no la confianza lo que debería prevalecer en el trabajo de la FiscalíaSalvador Viada BardajíFiscal, ex presidente de APIF y vocal del Consejo Fiscal

Viada ha señalado la «gravedad» que atraviesa, en este momento, el Ministerio Fiscal que siempre se ha movido en la «penumbra» de «no saber si se ubica en el marco del Poder Ejecutivo, de aquella famosa frase 'de ¿quién depende la Fiscalía?', o en el marco del Poder Judicial». Lo «lógico» en un Estado de Derecho en el que la función de la Fiscalía es la defensa de la legalidad, abona el terreno, a juicio de Salvador Viada, «es garantizar la independencia de la institución frente al Gobierno» para evitar las «chapuzas» que se han consolidado recientemente como «habituales, una detrás de otra», en su operativa diaria.

La ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal recogía el guante, no sin antes recordar su compañero Viada la categoría profesional y humana de una de las más veteranas más queridas y respetadas en el seno de la Fiscalía que fue apartada de su cargo como máxima responsable de la Carrera «por mantener un criterio firme», ante una injusticia que, en su momento, se perpetró contra su compañero de filas, y también de mesa, Javier Zaragoza.

«La independencia del Poder Judicial no se entiende sin la independencia del Ministerio Fiscal», reflexionaba este último. Esta idea de la separación de poderes «sagrada en una democracia» se está viendo «amenazada, recientemente» por el intento de «control del Poder Judicial» desde la esfera de la política, apuntaba el veterano jurista.

«No hay mejor manera de fortalecer la democracia que preservar la independencia judicial y garantizar una prensa libre», afirmaba Zaragoza, contundente. Y es que, en su opinión «no cabe que el tercer poder [la Justicia] que está llamado a controlar los excesos de los demás poderes, acabe dependiendo de uno de ellos», añadía antes de afear esa «especie de dependencia o de seguidismo que se observa en las instrucciones de una Fiscalía en sintonía con las posiciones de un determinado Gobierno».

Todos los Gobiernos han tenido la idea de que la Fiscalía es una suerte de 'brazo armado' que depende de ellosJavier ZaragozaFiscal de Sala del Tribunal Supremo

«La influencia política es un enemigo de la Fiscalía», coincidía el fiscal Salvador Viada para pasar a criticar que «la imagen de la institución actual parece estar llamada a aplicar la política criminal del partido político en el Ejecutivo de turno».

«Muchas de las cosas que han pasado en los últimos años y nos inquietan», reflexionaba Consuelo Madrigal acto seguido, hacen imprescindible «fortalecer el control del Poder» para el que fue concebida la Fiscalía con la misión de evitar un «poder absoluto que corrompe» y reconfigurar «los pesos, contrapesos y equilibrios» que deberían aplicarse a su operativa en el futuro.

«El obstáculo fundamental del diseño constitucional del Ministerio Público, recogido en el artículo 124 de la Carta Magna» al cumplimiento de «la legalidad», –«y su defensa, que es un plus» que hace de la Fiscalía una institución diferencial en el Estado de Derecho– es la inexistencia de un Estatuto Orgánico «verdaderamente actualizado al modelo constitucional», denunciaba Consuelo Madrigal.

En estos momentos, la actuación de la Fiscalía contra los intereses del poder político es absolutamente imposibleConsuelo MadrigalFiscal de Sala del Tribunal Supremo

De ahí que, durante tantos años «la Fiscalía haya estado a lo dispuesto por el Ministerio de Justicia». «Hasta la fecha no se ha configurado, verdaderamente, un Reglamento para que la institución pueda actuar bajo los criterios de independencia y legalidad». «El cumplimiento» de esta última «no puede quedar condicionado a quién sea nombrado» para el cargo de fiscal general del Estado, completaba, en voz alta, Javier Zaragoza.

Y recordaba su compañera Madrigal cómo «los fiscales no tienen prevista, si quiera, una responsabilidad penal asimilable a la prevaricación judicial» aplicable a la toma de sus decisiones [instrucciones, órdenes, escritos o recomendaciones] mientras siguen estando « a las órdenes de un fiscal general que no responde, tampoco, por cierto, ante el poder político».

De hecho, el propio Zaragoza, enlazaba esta misma materia con la cuestionable duración actual del mandato del fiscal y las escuetas razones objetivas previstas en nuestro ordenamiento para obligar a su cese o dimisión. Unas causas que deberían «quedar perfectamente tasadas» de manera que se diese una «verdadera percepción» de independencia de la institución. Una petición a la que el veterano fiscal añadía la posibilidad, incluso, de que «se articulase un cambio del procedimiento en la elección» del máximo titular de la Fiscalía.

«Habría que revisar, también, esa facultad omnímoda del fiscal general recogida en el artículo 25, para dar órdenes directas sobre asuntos concretos, que siembran la sospecha de parcialidad» y han terminado, incluso, en «condenas del Tribunal Supremo por nombramientos efectuados con desviación de poder», apuntaba Zaragoza. Con mayor interés, si cabe, en una situación como la actual en la que la Sala Segunda del Supremo está a la espera de decidir procesa, formalmente, a García Ortiz.

«Hay que ser imparcial y parecerlo», aseguraba Madrigal en relación a este extremo. «Si yo estuviera en la situación del fiscal general del Estado hace bastante tiempo que habría dejado el cargo», finalizaba su compañero Zaragoza.