Los abogados del Estado discrepan de la creciente «instrumentalización» de la institución

«tenemos la obligación de señalar aquello que consideramos que está mal hecho aras de la conservación del legado que supone el prestigio del Cuerpo de Abogados del Estado», denuncia el editorial de la última revista de la asociación de abogados del Estado. Sin comunicados, ni aspavientos, la entidad «ha trasladado directamente» a su nuevo responsable, David Vilas, la «profunda preocupación» por lo que considera «una instrumentalización de la Abogacía del Estado al margen de las atribuciones que tiene legalmente encomendadas» y así se recoge en el mismo texto.

No en vano, desde la llegada al cargo del nuevo Abogado General del Estado, se han sucedido las polémicas entorno a una institución que, cada vez más, recuerda «los vicios de una Fiscalía» que ha perdido «toda credibilidad» al servicio del Gobierno de turno como denuncian, desde hace tiempo, la mayoría de miembros del Ministerio Público.

También los abogados del Estado reconocen vivir «tiempos revueltos» en los que hay que tener «la valentía de alzar la voz» para «discrepar de la superioridad» frente a la «aceptación» y la «sumisión» calladas.

Desde que, el pasado mes de junio, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo invalidase el nuevo Reglamento de la institución, por una mala tramitación del mismo, a espaldas de los preceptivos informes y con la mayoría de los abogados en contra y hasta la reciente y discutida recusación del magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías, para apartarle de los recursos vinculados con la ley de amnistía, anticipándose al momento procesal oportuno; la Abogacía del Estado ha asistido alarmada, entre otras, a la querella por prevaricación interpuesta, en nombre y representación del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado –que investiga a su mujer por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios".

Un hecho, este último, ante el que la Abogacía, en su conjunto, se ha mostrado incómoda con la deriva que está tomando su cúpula. Cabe recordar que la testifical de Sánchez fue solicitada en su calidad de marido de la investigada Begoña Gómez y no en virtud de su cargo. Fue este mismo detalle el motivo por el que el juez no aceptó su declaración por escrito.

De manera que «no se entiende» cómo si no se ha citado nunca al presidente del Gobierno éste ha podido activar a los letrados públicos para «defender sus intereses» que nada tienen, en este caso, que «ver con cuestiones de Estado», apuntan algunas fuentes de la institución consultadas por El Debate.

Tampoco ha pasado desapercibido el tono del último escrito en el que la Abogacía del Estado formalizaba sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional contra la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala Segunda de lo Penal del Supremo (TS) por la ley de amnistía.

Según el documento al que tenía acceso El Debate, el organismo solicitaba inadmitir el recurso del Alto Tribunal –contra el polémico borrado del procés– al considerar que el auto casi unánime, redactado por el juez Manuel Marchena, contenía «argumentos de carácter político y doctrinal que exceden sobradamente el carácter jurídico-constitucional propio de una cuestión de inconstitucionalidad».

Quizás para comprender la maniobra haya que leer una reciente entrevista del máximo representante de la Abogacía del Estado, David Vilas, quien reconoce en una reciente entrevista que «la etapa que me toca liderar viene marcada por dos elementos determinantes: un proceso de reestructuración profunda» del cuerpo de letrados y «nuestra dependencia de un Ministerio que además de Justicia, es de Presidencia y Relaciones con las Cortes». Toda una declaración de intenciones.