El eslogan de las 200 leyes aprobadas la pasada legislatura es otro fraude

El Gobierno más precario no para de repetir que la legislatura pasada acordó «200 leyes» con sus socios. El propio Pedro Sánchez ha presumido de ello en varias de sus últimas intervenciones, tratando de poner sordina a la gran pregunta: cuánto más puede durar la legislatura.

La Moncloa nos tiene acostumbrados a los eufemismos. A llamar Plan de Acción por la Democracia a lo que es, en realidad, un plan de involución de la democracia. A bautizar como Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña a la que es, en verdad, una ley de impunidad a cambio de una investidura. Pero lo de las 200 leyes es directamente un embuste, en su primera acepción del diccionario de la RAE: «Mentira disfrazada con artificio».

No es verdad que la pasada legislatura Sánchez y sus aliados parlamentarios sacaran adelante muchas leyes, más de dos centenares. El Ejecutivo ha creado tal efecto ilusorio valiéndose de varios artificios. Especialmente de dos: contar los decretos leyes y, también, las reformas de leyes existentes como si fueran leyes nuevas.

Los decretos leyes

En el cómputo ha incluido los 95 decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros la pasada legislatura. El Gobierno usó y abusó de esta figura legislativa entre 2020 y mediados de 2023 aprovechando las circunstancias de urgencia y excepcionalidad de la pandemia, la invasión de Ucrania y el volcán en erupción en La Palma. De hecho, hubo más decretos leyes que leyes ordinarias -85- y que leyes orgánicas -33-.

La legislatura pasada, el decreto ley fue la fórmula legislativa más utilizada por el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobaba un decreto ley y lo sometía a su convalidación por parte del Congreso en los 30 días siguientes (está obligado), muchas veces con quejas por parte de sus socios por no negociar nada con ellos y ponerles delante un trágala. O por utilizar un decreto anticrisis para colar de rondón una subida de sueldo a los funcionarios, permisos para la conciliación o una modificación de la regulación de las VTC (todo eso pasó). Había veces en que el PSOE se comprometía a tramitar un decreto ley como proposición de ley después de su convalidación -para dar la oportunidad a los grupos de introducir enmiendas- y luego les daba largas hasta que sus socios se aburrían o se olvidaban.

Incluso así, 95 decretos leyes son muchos decretos leyes. Es porque cada prórroga trimestral o semestral de un decreto ley cuenta como uno nuevo. Y el Consejo de Ministros ha ido prorrogando varios de ellos, con medidas como la suspensión de los desahucios, las ayudas al transporte público o la reducción del IVA de los alimentos básicos (que esta semana ha decaído por completo).

En 2020, el año de la pandemia, Sánchez aprobó 39 decretos leyes, aunque uno de ellos fue derogado por la Cámara Baja (por el que el Estado obligaba a los ayuntamientos a cederle sus remanentes, el dinero no gastado). En 2021 fueron 32. En 2022 fueron 20 y en 2023, hasta antes de las elecciones, otros 5. «Este sistema excepcional se ha convertido en la forma habitual de legislar. Este abuso supone un atentado contra la autonomía del Parlamento y contra la separación de poderes», ha denunciado en varias ocasiones en los últimos años la Fundación Hay Derecho.

El colmo de la orfebrería legislativa del PSOE fue el decreto ley 5/2023, que en un abracadabra transpuso cinco directivas europeas y modificó 47 leyes a lo largo de 225 páginas. Y, lo que es más: fue aprobado por el Consejo de Ministros con las Cortes ya disueltas, en la precampaña de las elecciones generales de julio de 2023.

Las leyes orgánicas

Las 33 leyes orgánicas aprobadas la pasada legislatura también tienen trampa y cartón. Cuatro de ellas procedían, en realidad, de los parlamentos de Murcia, Cantabria, Baleares y Aragón, porque fueron reformas de sus estatutos de autonomía. Y otras diez de esas leyes orgánicas fueron, en realidad, reformas de diversos artículos del Código Penal. Por ejemplo, el que añadió el Gobierno para castigar con penas de cárcel los rezos y concentraciones junto a las clínicas abortivas.

Además, para su eslogan de las «200 leyes aprobadas» el Ejecutivo se anota en el marcador dos veces la ley del 'solo sí es sí': una cuando se aprobó; otra cuando tuvo que ser modificada para detener el goteo de rebajas de condena y excarcelaciones a violadores y agresores sexuales. La cuenta doble.

Las leyes ordinarias

En las 85 leyes ordinarias que el Gobierno y sus socios sacaron adelante entre 2020 y mediados de 2023 también hay truco. Cuatro de ellas fueron transposiciones de directivas europeas que sí o sí había que incorporar al ordenamiento jurídico español (sobre fiscalidad, sobre todo). Otras cuatro fueron aprobadas para crear nuevos impuestos o reformar los existentes, como el llamado «impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas». Otra más supuso la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Y así vamos restando.

El balance de estos 10 primeros meses de la nueva legislatura es, más que pobre, paupérrimo. Sánchez ha logrado sacar adelante tres leyes orgánicas: la de la amnistía, piedra angular de la legislatura; la que pactó con el PP para reformar la Ley orgánica del poder judicial y renovar el CGPJ; y la ley de paridad. Esta última fue tramitada sin que nadie cayera en la cuenta de que tenía un error de redacción que desprotegía a los trabajadores solicitantes del permiso cinco días por el cuidado de familiares. Conclusión: será reformada a través de una enmienda en la ley de medidas de eficiencia de la Justicia, actualmente en tramitación, y aquí no ha pasado nada.

También ha alumbrado dos leyes ordinarias: una que regula las enseñanzas artísticas superiores y otra de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Lo demás han sido seis decretos leyes, y Sánchez sudó lo suyo para su convalidación en el Congreso. Y la reforma del artículo 49 de la Constitución para cambiar el apelativo de «disminuidos» por «personas con capacidad», que también pactó con el PP (si no, no habría sido posible su aprobación).

Así que, cuando el presidente o alguno de sus ministros presuman otra vez de haber aprobado 200 leyes la legislatura pasada, ustedes ya saben dónde está la bolita.