Albares no sabe cuánto dinero regala el Gobierno a la UNRWA, vinculada con Hamás y la matanza del 7 de octubre

El Gobierno de España se niega a revelar cuánto dinero lleva donado a la polémica UNRWA, la entidad de la ONU que actúa en Palestina en íntima colaboración con Hamás y, de manera sorprendente, incluso afirma que desconoce el importe exacto transferido a una organización vetada por Israel y tildada directamente de «terrorista» por su Parlamento, impulsor de hasta tres leyes para prohibir su presencia y actividad.

Así consta en la prolija documentación obtenida por El Debate, del propio Ministerio de Asuntos Exteriores, demostrativa de la estrecha relación del Gobierno con una controvertida agencia que tiene en Pedro Sánchez uno de sus mayores defensores internacionales, a pesar de que se ha demostrado fehacientemente sus estrechos lazos con la organización terrorista que domina Gaza, hasta el punto de que la propia ONU reconoció que nueve de sus empleados estuvieron implicados en la matanza de 1.200 israelíes y el secuestro de otros 250 el 7 de octubre de 2023, considerada por Israel «la mayor masacre de judíos desde el Holocausto».

España fue el único de los principales países occidentales que mantuvo la misteriosa financiación a UNRWA, después de que la organización fuera acusada de colaborar con Hamás.

Esta decisión supuso abrir, una vez más, la brecha que existe entre el Gobierno español y el resto de los países de nuestro entorno, al igual que ocurre con el reconocimiento del Estado Palestino, sobre el que el ministro de Exteriores se ha negado a justificar una decisión que ha dejado a España aislada del resto de sus socios. En las últimas horas, Albares, de hecho, ha vuelto a insistir en la necesidad de impulsar un «Estado palestino viable».

En lugar de alinearse con la mayoría internacional, el PSOE llevó al Congreso una propuesta para exigir a la comunidad internacional que «respete» los compromisos políticos y económicos ya adquiridos con la UNRWA y exhortar a incrementar los fondos destinados para que la organización pueda continuar su labor. Una propuesta que finalmente salió adelante gracias a los apoyos parlamentarios de Sánchez.

El Gobierno dice que no sabe cuánto ha aportado desde 2019

El Debate ha accedido en exclusiva a un escrito de Exteriores del pasado 25 de marzo, rubricado por Cecilia Robles Cartes, Directora General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos, en el que Exteriores se niega reconocer por escrito el importe total abonado por el Gobierno de Sánchez desde 2019; tan solo afirma «que desde 2001 hasta la fecha se han aportado más de 190 millones de euros».

Asimismo, señala respecto de la labor de la UNRWA que su trabajo es insustituible para su labor asistencial «que 2,2 millones de personas en Gaza necesitan con urgencia».

En lugar de dar explicaciones por una posición que dejó a España en su momento, tras el atentado del 7-O, al margen del resto de países occidentales, el ministro de Exteriores ha preferido hacer una defensa férrea del papel de la UNRWA.

En un nuevo documento fechado el pasado 4 de abril y al que ha accedido en exclusiva este periódico, desde el ministerio de Albares se afirma, con relación al importe total abonado desde el Gobierno a la polémica agencia, que su Ministerio «no elabora ningún documento oficial» que acredite las contribuciones de España.

Pero lo más sorprendente es que para no detallar la financiación del Gobierno de Sánchez y ante las continuas manifestaciones del presidente a favor de la causa palestina, que llevó a Hamás a elogiar su «postura clara y audaz», causando un conflicto diplomático con Israel a cuenta del reconocimiento unilateral del Estado Palestino, Albares se escuda en que el importe final de las contribuciones voluntarias «es fruto de un proceso interno de reflexión», por lo que las memorias que lo justifican son «auxiliares o de apoyo», que tiene «un carácter exclusivamente interno».

Es decir, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, se niegan a hacer públicos los documentos relativos a la gestión del dinero público y las razones en que se apoyan tales ayudas, «pero al mismo tiempo no reconocen por escrito el importe total abonado. Una muestra más de la opacidad de este Gobierno», concluyen.

El Gobierno que no quiere decir en cuánto financia a la polémica organización mantuvo el patrocinio incluso cuando era señalada por la masacre del 7-O

De hecho, lo único que hace Exteriores es realizar una cronología de las labores de la agencia, recordando que fue creada en el seno de la ONU de forma temporal en 1949 y su misión actual «es ofrecer asistencia y protección a los 6 millones de refugiados palestinos que actualmente habitan en 58 campamentos de Jordania, Siria, Líbano y Palestina».

A esto añade que «gestiona más de 700 escuelas a las que asiste medio millón de alumnos en todo Oriente Medio (…) presta también atención sanitaria en 143 centros de Salud Primaria y gestiona 49 centros sociales y de formación para mujeres, además de otros tantos centros de servicios comunitarios».

Lo que no dice, para justificar una financiación que se niega a detallar, es que UNRWA acumula episodios de complicidad con Hamás, incluso en sus acciones más sangrientas, y que muchos de ellos se han documentado de manera incontestable: el pasado mes de julio Israel difundió un comunicado en el que se consignaban 108 casos de empleados de la entidad financiada por España y vinculados de manera directa con la organización fundamentalista.

Un ejemplo más entre tantos que incluyen el uso de sus instalaciones y la connivencia directa con los terroristas en la sede en Rafah de la entidad vinculada a Naciones Unidas, demostrada con imágenes aéreas tomadas por el Ejército israelí.

En ese contexto, España fue el único de los principales países occidentales que mantuvo la financiación a UNRWA, después de que la organización fuera acusada de colaborar con Hamás. Incluso se estima que las aportaciones han podido crecer hasta un 332 %, aunque Exteriores se niegue a confirmarlo e incluso diga que no lo sabe.

Esta decisión supuso abrir, una vez más, la brecha que existe entre el Gobierno español y el resto de los países de nuestro entorno, al igual que ocurre con el reconocimiento del Estado Palestino, sobre el que el ministro de Exteriores se ha negado a justificar una decisión que ha dejado a España aislada del resto de sus socios.

En lugar de alinearse con la mayoría internacional, el PSOE llevó al Congreso una propuesta para exigir a la comunidad internacional que «respete» los compromisos políticos y económicos ya adquiridos con la UNRWA y exhortar a incrementar los fondos destinados para que la organización pueda continuar su labor. Una propuesta que finalmente salió adelante gracias a los apoyos parlamentarios de Sánchez.

Las sombras sobre la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos han vuelto a quedar de manifiesto esta misma semana, cuando no ha tenido más remedio que reconocer que un alto comandante de Hamás que murió en Líbano tras la ofensiva israelí, Fatah Sharif, era uno de sus empleados, pero había sido suspendido desde que surgieron acusaciones de sus vínculos con el grupo paramilitar en marzo.

Una noticia que sigue lastrando a la organización por sus vínculos con organizaciones terroristas y que supone una losa más para su supervivencia económica, aunque en nuestro país se sigue financiándola e incluso premiándola.

Pedro Sánchez, por ejemplo, anunció el pasado mes de junio un paquete adicional de 16 millones de euros, señalando que «tenemos que mantener nuestro apoyo a la UNRWA, cuyo trabajo es crucial. En febrero, tras la decisión de Estados Unidos y otros países de dejar de financiar a la agencia de manera temporal, Albares anunciaba una ayuda de otros 3,5 millones de euros. El ministro de Exteriores definía días atrás a España como «una rara avis en el tablero geopolítico» en este aspecto.

Y el Gobierno de Navarra que preside la socialista Chivite entregaba a esta agencia la distinción que otorga el Ejecutivo foral con motivo del Día Internacional de la Paz, calificándola de «referencia para una población carente de los servicios más básicos, su salvaguarda en materia de salud, educación y servicios sociales».

Así pues, España quedó al margen del resto de los países occidentales que prefirieron suspender la financiación hasta que no se llevase a cabo una investigación sobre los vínculos de los empleados de la agencia con Hamás. La Secretaría General de la ONU se puso a ello y confirmó la investigación de 19 casos individuales tras la denuncia israelí y asumió la relación de al menos nueve de ellos con la organización militar.

Por su parte, la investigación externa encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna para examinar su labor, concluyó que la organización tiene margen de mejora en cuestiones como neutralidad o transparencia, pero subrayó a la vez que las autoridades israelíes no lograron acreditar de manera tajante los vínculos terroristas atribuidos a varios de sus trabajadores, pese a que la ONU sí lo reconoció formalmente.

«Problemas de neutralidad»

El informe plantea una mayor vigilancia y procesos disciplinarios más firmes sobre la plantilla, así como que se respete en todo momento el carácter civil de las instalaciones y se omitan sesgos ideológicos en las escuelas de la UNRWA, revisando el contenido del material y prohibiendo cualquier discurso de odio o «referencia antisemita».

Los expertos reclaman, además, una mayor transparencia hacia los donantes y una mejora de la estructura interna de la UNRWA, entre ellas la oficina responsable de revisar cuestiones de carácter ético. Asimismo, llaman a limitar la labor de los sindicatos, puerta de entrada de «facciones políticas» para presionar a los directivos

Así, ante la publicación de estas conclusiones, la Comisión Europea comunicó a los países donantes que podían retomar el apoyo a la organización que España nunca congeló, al igual que lo ha hecho el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, pese a reconocer que puede haber «problemas de neutralidad política» en la agencia.

Ya en julio, en el seno de la Conferencia de Donantes de la UNRWA se constató que todos los países que habían interrumpido su financiación la habían reanudado con excepción de Estados Unidos y del Reino Unido, que lo hizo pocos días después.

Washington, que antes de la guerra en Gaza era el principal donante de la UNRWA, no puede reanudar su incómodo apoyo como poco hasta marzo de 2025, por prohibición expresa del Congreso, que el pasado marzo votó mayoritariamente contra toda donación a la agencia.

Sin embargo, el reconocimiento de que Fatah Sharif, era uno de sus empleados vuelve a poner el foco sobre la controvertida organización, que tiene en España uno de sus grandes paladines gracias a un Gobierno que ha hecho de la causa palestina uno de sus puntales en política exterior, entre reconocimientos de Hamás y una tensión cada vez mayor con Israel.