La corrupción ya alcanza a siete ministerios mientras el Gobierno estaba defendiendo a Begoña Gómez

El último informe de la UCO sobre el caso PSOE, fruto del volcado de los teléfonos móviles, golpeó ayer a los socialistas en todo el estómago cuando estos aún se dolían del espaldarazo que la Audiencia Provincial de Madrid dio dos días antes al juez Juan Carlos Peinado. Por más que, el martes, la ministra portavoz retorciera la resolución de sus tres magistrados sobre el caso Begoña para que pareciera lo contrario.

Precisamente este miércoles se conoció también el movimiento del exministro José Luis Ábalos para ser readmitido como militante del PSOE; aun cuando su imputación parece más cerca a la luz de las revelaciones del documento entregado por los investigadores al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y las transcripciones de conversaciones entre los miembros de la trama.

La semana empezó para Pedro Sánchez con el avance del caso Begoña y continúa con el del caso Koldo o, directamente, caso PSOE; un doble cerco judicial que cada vez achica más el espacio al Gobierno de la regeneración y de la tolerancia cero contra la corrupción, que es así como se autodefine. En total, entre ambas investigaciones hay salpicados siete ministerios y varias empresas públicas, un tercio del gigantesco Consejo de Ministros. Y ello sin entrar en las ramificaciones de la trama de las mascarillas en los gobiernos regionales de Baleares y Canarias.

El PP situó este miércoles a Sánchez en la cúspide de la pirámide al leer en el informe de la UCO que Koldo García pidió al guardia civil implicado que averiguara si Sánchez y Ábalos, entonces ministro de Transportes, tenían los teléfonos pinchados. «El caso llega de lleno al Palacio de la Moncloa», señaló la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, en una comparecencia convocada de urgencia en el Congreso. «Ahora sabemos que Koldo pasó de proteger los avales a proteger al propio presidente del Gobierno de posibles investigaciones», añadió.

Los populares estaban esperando este informe del volcado de los móviles antes de reactivar la comisión de investigación que tienen abierta en el Senado y de citar al presidente a declarar en ella. Una comparecencia que llevan postergando desde mayo, a la espera del momento apropiado. Fuentes populares señalaron a El Debate que, con estas últimas revelaciones, «hay suficiente información», aunque no concretan fecha.

El caso en torno a Koldo García tiene abierto un cráter en el Ministerio de Transportes y, desde este miércoles, también en el de Interior. En una de las conversaciones, el exasesor de Ábalos sostiene que quien le alertó de que estaba siendo investigado fue el entonces director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Aunque la UCO matiza que no ha podido contrastar esta información.

Fernando Grande-Marlaska relevó a Marcos el mes pasado sin mediar explicación, y con un movimiento extraño, que se interpretó como un intento de controlar la información que se estaba filtrando: volvió a colocar al frente de la Guardia Civil a Mercedes González, que ya la había dirigido unos meses antes de dimitir para concurrir a las elecciones generales.

En lo que se refiere a Transportes, los investigadores sitúan al empresario Víctor de Aldama como el «nexo corruptor» que conectaba «de manera premeditada y con intenciones claramente espurias» el Ministerio con «las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección». Aldama, conseguidor de la trama, lleva detenido desde el lunes en otra operación anticorrupción por un supuesto fraude a la Hacienda Pública en el sector de los hidrocarburos.

El caso de la mujer del presidente afecta a seis ministerios: los de Economía -especialmente-, Educación, Industria, Transportes, Trabajo y Seguridad Social, que adjudicaron contratos públicos a una empresa de Juan Carlos Barrabés por valor de 15,6 millones de euros. Presuntamente, gracias a su relación con Gómez y a las dos cartas de recomendación de ésta, que está acusada de posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados.

En su resolución del lunes, los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid pusieron de manifiesto «la llamativa variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la Cátedra y despegue de los másteres es verdaderamente significativa».

Antes de conocerse el nuevo informe de la UCO, a la salida del Congreso, Sánchez aseguró: «El tiempo pondrá las cosas en su sitio», en alusión al caso de su mujer. O al «no caso», que es así como lo llaman los socialistas. Tras conocerse el informe, Gamarra sentenció: «Toda la verdad saldrá a la luz».