Magistrados, catedráticos y juristas: «El afán prohibicionista del populismo nos condena a leyes antitaurinas»

Hacer visible un mundo «difícil» y «denostado». Magistrados del Tribunal Supremo (TS) y del Constitucional (TC), catedráticos de Derecho y miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han dado cita, este jueves desde primera hora de la mañana, en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para hacer una faena en la que confluían Derecho y toros, durante las II Jornadas Jurídicas sobre Tauromaquia.

Un acto «en rebeldía contra la tolerancia imperante», aseguraba el magistrado José Antonio Montero, miembro del actual Consejo, en un país que «se caracteriza por sus símbolos y su significado». Montero agradeció la presencia del alcalde José Luis Martínez Almeida que con «gran generosidad» estuvo en el arranque de la sesión y quien definió Madrid como «la capital mundial del toreo» que cuenta con «la catedral de la tauromaquia» que es la plaza de las Ventas.

Los toros son «un hecho cultural extraordinariamente relevante», «seña de identidad» de nuestro país y que, por lo tanto, «debemos preservar dentro de los márgenes de la libertad» que permite la ley vigente, afirmaba Martínez Almeida.

El auntitaurinismo actual está estimulado por el populismo político rampante que nos rodea. El Derecho nos protege de estos ataques

Para el regidor madrileño, «afortunadamente se está recuperando el fervor popular por la tauromaquia». No en vano, destacó Almeida «el millón de asistentes» que durante el pasado año visitaron Las Ventas. Un dato objetivo que «choca» con el «debate político animado, incluso, desde el Ministerio de Cultura» más a favor «de su prohibición». El «sinsentido» sirvió al regidor de la capital para afear la posición del ministro Ernest Urtasun: «Es como si el Ministerio de Industria estuviese en contra de las industrias».

La ponencia inicial corrió a cargo del ponente Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que aseguró que «el antitaurinismo ha sido siempre consustancial a la Fiesta». Fernández analizó, con sencillez y detalle, la historia de la «pugna constante» entre partidarios y detractores de la tauromaquia en España. Fernández ponía en valor, a favor de los primeros, «la fuerza del vínculo existente entre los toros y el pueblo español», como base nuclear de las «diferentes regulaciones que se han ido aprobando» en el marco de nuestro ordenamiento.

En el lado opuesto el planteamiento «político, beligerante y agresivo» de un fenómeno nuevo que, a juicio de Fernández, debe analizarse como parte de la tauromaquia «como es el ecologismo» que «despierta afanes protectores de fauna y flora sin control» y avanza «simultáneamente unido al papel de la humanización de los animales que aman, hablan y sienten».

Para el catedrático, el ecologismo se apoya en los ingredientes del «populismo que es una enfermedad de las democracias occidentales» y que condiciona «el marco en el que se mueven las leyes producidas en los últimos años, empezando por la Ley Catalana de 4 de febrero de 1988». Una norma que prohibió, en un inicio, «las corridas de toros en plazas que no sean de fábrica» para, poco a poco, sentar las bases de «un afán prohibicionista» que, al estilo 'pujolista' también se da, en Cataluña, «en el ámbito de la lengua».

De hecho, con posterioridad, la Ley 28/2010 de 3 de agosto eliminó «la excepción de la norma anterior e impuso una censura definitiva». «De lo que se trataba» con estas normas «no era de proteger a los animales, sino de borrar las huellas de España en Cataluña», condenaba el catedrático Fernández.

Una situación a la que, «en base a Derecho», dio respuesta el TC «frente a las actuaciones legislativas del Parlament» que, en 2016 anuló la censura «con una sentencia que no resolvió ninguno de los vicios de inconstitucionalidad que los recurrentes habían denunciado»; y, que la ponente Encarnación Roca (a la que ser la autora del fallo le ha costado no poder volver a Barcelona, desde entonces) solventó desde el enfoque sobre cómo «el ejercicio de las CC.AA. de sus propias competencias no puede impedir al Estado ejercer las suyas propias».

Desde la mayoría de la sociedad no puede imponerse a la minoría una cosmovisión. El poder político tiene la obligación de mantenerse neutralEnrique ArnaldoMagistrado del Tribunal Constitucional

Y es que, como recogió en dicha resolución el TC que «una expresión cultural sea rechazada por una parte o no compartida» por toda la ciudadanía no significa «que los poderes públicos no tengan la obligación de protegerla». Además, el artículo 46 de la CE, recordaba Fernández obliga al Estado a «preservar el patrimonio cultural». Una crítica abierta, de nuevo, tras la polémica decisión del ministro de Cultura en relación con la reciente suspensión del Premio Nacional de Tauromaquia y que, en próximas fechas, tendrá que resolver el Tribunal Supremo.

Un premio cuya fundación tenía la cualidad de ser «discrecional» ya que «podría haberse elegido no fundarlo y priorizar otras expresiones artísticas» pero que, una vez existe, «no admite que su eliminación» sea arbitraria, sentenciaba el ponente Fernández.

En la misma línea, el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla denunciaba la tendencia del «totalitarismo» que, desde los poderes públicos, «trata de imponer a los demás lo que es bueno o lo que debe serlo» como si la opinión mayoritaria fuese «un dogma indiscutible que debe ser aceptado», sin más.

Para Arnaldo, el auge de las corrientes «naturalistas» y «animalistas» que tratan de establecer su «cosmovisión» «proteccionista» como única opción correcta, en el ordenamiento jurídico español, se debe en buena medida al debate político auspiciado por algunas formaciones que, además, cuentan con el altavoz de algunos medios de comunicación. Una pugna que durante siglos se ha conformado sobre el toreo que es «una expresión artística del ser humano» inescindible del «concepto de cultura» y que Arnaldo considera que «debe poder ejercerse con razonabilidad» y en «libertad».

Precisamente, ese «carácter cultural» de la tauromaquia es el que están «cuestionando» los enemigos de la Fiesta Nacional que habrían encontrado en esta vía el «camino para discutir» la protección «obligatoria» que, por lo tanto, «tienen los poderes públicos sobre la tauromaquia», apuntaba el abogado cordobés Francisco Gordón.

Es decir, para Gordon la tauromaquia «no es cultura porque lo diga una ley» sino que lo es ya antes de regularse y es «el legislador quien reconoce una realidad cultural que ya existía antes como fenómeno de la sociedad que ha querido que así sea».

Una visión compartida por el abogado Joaquín Moeckel que considera que la regulación de la tauromaquia y su protección y aseguramiento, a través de leyes, no sería necesario si el espectáculo «suscita un alto interés» entre un público que siga demandando las a pesar de las prohibiciones. «Quien mantiene el espectáculo es el aficionado», sentenció el jurista sevillano.