El Congreso rechaza la ley de Vox que pedía incrementar los requisitos para acceder a la nacionalidad española

El Pleno del Congreso ha rechazado la proposición de ley orgánica presentada por Vox relativa a la modificación del régimen jurídico de la nacionalidad, que buscaba «acabar con las prácticas fraudulentas de adquisición de la nacionalidad española, así como restringir su atribución por procedimientos que no acreditan, en modo alguno, un suficiente grado de integración en la Nación española, tal y como viene aconteciendo en los últimos años a resultas de las políticas migratorias de fronteras abiertas».

En el turno para fijar posiciones, solo el PP ha indicado que se abstendría, pese a tener «muy serias y severas discrepancias» con la proposición de ley. El PSOE y sus socios han rechazado la iniciativa, entre duras críticas y ataques a Vox, al que han acusado desde la izquierda de «xenófobo».

El diputado Ignacio Hoces (Vox) ha sido el encargado de defender la propuesta, que consiste en reformar el Código Civil para «robustecer e incrementar las condiciones y requisitos para acceder a la nacionalidad española» y modificar también el Código Penal de modo que se establezcan una serie de causas para perder esa nacionalidad en el caso de los extranjeros que hayan sido nacionalizados.

«En Vox entendemos que es un alto honor ser español, que conceder la nacionalidad a los extranjeros es un asunto crucial para la nación», ha recalcado, indicando a renglón seguido que España el año pasado concedió la nacionalidad por residencia a 243.481 personas, de las cuales más de 54 mil eran marroquíes, 2.500 de Argelia, 2.500 de Nigeria y 600 de Mauritania. Hoces ha subrayado que la nacionalidad española «no se puede regalar» ni tampoco se puede «mercadear con la soberanía del pueblo español».

«No nos podemos permitir hacer españoles a los que no tengamos la absoluta seguridad que van a ser leales y solidarios con España y con el conjunto de los españoles, (...) que van a cumplir con todos sus deberes y sus obligaciones como españoles», ha afirmado. Además, también ha denunciado el «fraude de ley» que se produce al pretender, a su juicio, que los extranjeros sean nacionalizados para poder votar: «Quieren intercambiar el DNI por un voto».

Vox proponía establecer unos requisitos que «acrediten de forma clara» la adaptación plena de esos extranjeros en la realidad política española y en su identidad y conozcan su historia, costumbres y lengua y cumplan las normas cívicas españolas. Así, planteaban que se impida adquirir la nacionalidad a los extranjeros con antecedentes penales ni a aquel que haya cometido un delito en España, que piden que sea expulsado; también que, a la hora de adquirir la nacionalidad por residencia legal, el plazo de residencia pase de 10 a 15 años.

El PNV ha mostrado su rechazo de igual modo a cómo lo expresó cuando el partido de Abascal presentó una iniciativa similar la pasada legislatura. Desde ERC han tildado la propuesta de «xenófoba»; como también desde el PSOE y desde Sumar.

El PP, por su parte, ha criticado varios puntos de la proposición, como elevar de 10 a 15 los años de residencia o perder la nacionalidad por una sanción administrativa. Sin embargo, el diputado Agustín Conde ha señalado que ven «bastante razonable» el planteamiento de que se cree una nueva pena que consista en perder la nacionalidad, aunque matizando que sea para «delitos muy concretos», que se afine más jurídicamente.

Conde, que ha señalado que comparten la idea de que no se puede abrir «indiscriminadamente» las puertas y que la inmigración debe ser legal y «vinculada al trabajo», ha señalado que, a su juicio, les separa del planteamiento de Vox que el PP mira a los inmigrantes que vienen legalmente «como seres humanos dignos que tiene todos los derechos y, si tienen los requisitos, tienen también la posibilidad de adquirir la nacionalidad española», mientras que Vox, para el diputado popular, «los mira con desconfianza», y cree que con esta iniciativa pretenden «dificultar la adquisición de la nacionalidad española».