Armengol y su letrado mayor despacharon el veto del Senado a la ley Txapote sin un informe y a toda prisa

Francina Armengol y la mayoría de izquierdas de la Mesa del Congreso despacharon el veto del Senado a la ley Txapote en cuestión de minutos y sin un informe jurídico que respaldara su postura, negro sobre blanco. Simplemente sustentaron su decisión, la de dar por aprobada la norma y enviarla al Gobierno para su publicación en el BOE, en unas consideraciones leídas de viva voz por el secretario general de la Cámara Baja y letrado mayor, Fernando Galindo.

Políticamente, a los socialistas no les interesaba otro debate y votación en el Pleno del Congreso acerca de la polémica reforma de la ley orgánica 7/2014, que acelerará la salida de prisión de casi medio centenar de etarras (porque podrán descontarse las penas cumplidas en Francia), como pretendía forzar el PP. Sino cerrar este nuevo capítulo del serial de cesiones a Bildu cuanto antes.

Según ha podido saber El Debate, la tesis que el letrado Galindo expuso durante la reunión de la Mesa del Congreso es que el Pleno del lunes en el Senado fue nulo porque se convocó un día fuera de plazo. Y que, a partir de ahí, todas las decisiones que se tomaron en su transcurso también. Sobre el papel, el plazo para que el Senado se pronunciara sobre la polémica reforma de la ley orgánica 7/2014 acababa el domingo. Sin embargo, el artículo 135 del Reglamento de la Cámara Alta establece que, cuando un plazo concluya en día inhábil, «se entenderá prorrogado al día hábil siguiente». En este caso, al lunes. No obstante, según sostuvo el letrado mayor, este artículo no era de aplicación para este caso.

Fuentes cercanas a la Presidencia del Congreso señalan que no hacía falta pedir un informe por escrito a sus servicios jurídicos porque está muy claro que les ampara la Constitución y el Reglamento. Y que no hubo tal veto por parte de la Cámara Alta, sino una «triquiñuela» de su presidente, Pedro Rollán. «Lo llaman veto, pero no es ningún veto. Barco no es animal de compañía», señaló el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Desde la Moncloa también sostienen que Armengol no ha hecho otra cosa que «aplicar la ley» ante el «disparate» del PP en Senado, «saltándose la jurisprudencia, los antecedentes y la ley». Por el contrario, el PP lo considera otro atropello de la tercera autoridad del Estado.

De entrada, los populares se encontraron con que Armengol introdujo el veto del Senado en el orden del día de la reunión semanal de la Mesa del Congreso sin avisar previamente al resto de sus miembros. Cuando, en teoría, el asunto no debía discutirse hasta el martes 22. Desde el PSOE argumentan que, por su «importancia», decidieron acelerar la respuesta.

Galindo hizo sus consideraciones y los representantes del PSOE y de Sumar las dieron por buenas. Los representantes del PP dejaron constancia de que la situación provocada en el Senado es inédita y que, como mínimo, cabe interpretación sobre el veto/no veto. De manera que le correspondía al Pleno del Congreso pronunciarse, no exclusivamente a los nueve miembros de la Mesa.

El lunes, al final del Pleno en el Senado, su presidente esgrimió un informe escrito -éste sí- de 12 páginas elaborado por la letrada mayor de la Cámara Alta para justificar que el rechazo por mayoría absoluta a una ley equivalía a un veto. Aunque ni el PP ni Vox habían presentado enmiendas ni vetos al proyecto de ley durante el plazo legal; puesto que entonces desconocían qué significaba la enmienda trampa de Sumar que había sido incorporada en el trámite de ponencia en el Congreso.

Los populares recuerdan que el artículo 90 de la Constitución establece que un proyecto de ley «no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple». Pero es que para el Congreso no existe tal veto.

El caso es que la ley Txapote ha acabado en un choque entre ambas cámaras legislativas con visos de continuar. Ahora le corresponde al PP mover ficha. Los populares tienen varias opciones sobre la mesa: pueden presentar un escrito de reconsideración contra la decisión de la Mesa del Congreso en su reunión de la próxima semana; un recurso de amparo contra Armengol; plantear un conflicto de atribuciones entre ambas cámaras, como con la ley de amnistía; esperar a que la ley entre en vigor y presentar un recurso de inconstitucionalidad; o dejarlo estar, sin más.

El PSOE acusa al PP de convertir el Senado en «Génova dos». Y el PP acusa al PSOE y a Armengol de hacer del Congreso una sucursal de la Moncloa.