Sólo 10 fiscales del 'generalato', afines a García Ortiz, muestran su apoyo expreso para que no dimita

La Junta de Fiscales de Sala del Supremo, el denominado 'generalato', ha sido un trago amargo para el recién imputado Álvaro García Ortiz. El titular del Ministerio Público arrancaba el encuentro consciente de ello, sentado frente a un total de 34 fiscales de la máxima categoría de la Carrera, 31 en persona y cuatro conectados de manera telemática, para dar explicaciones sobre su decisión de continuar en el cargo tras conocerse su condición de investigado en el Alto Tribunal, por un presunto delito de revelación de secretos sobre el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, según ha podido confirmar El Debate, García Ortiz, que comenzaba el acto confirmando que su «decisión está tomada» y era «inamovible», ha tenido que enfrentarse a una durísima exigencia de dimisión por una buena parte de los más veteranos de la cúpula fiscal, tensionada con su máximo responsable desde hace tiempo.

Entre la docena de detractores expresos a que el titular del Ministerio Público comprometa con su situación procesal el curso de la institución, los cuatro fiscales del procés –Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal– a los que su superior jerárquico laminó tras negarse a solicitar la amnistía total a los condenados por el referéndum inconstitucional del 1-O.

A ellos se han unido los también fiscales del Supremo que no fueron nombrados por el propio García Ortiz, o por su predecesora Dolores Delgado: los veteranos Antonio Narváez y José Miguel de la Rosa; uno de los fiscales jefe de las secciones de lo Penal del Supremo José Javier Huete; y, la fiscal de Sala de criminalidad informática Elvira Tejada que han instado a García Ortiz a «reconsiderar» su postura por el «bien de la institución».

Sus peticiones para que García Ortiz entrase en razón no han servido de mucho. Y es que, aunque la Junta no disponía de potestad alguna para decidir sobre su continuidad en el cargo, una posibilidad que ni siquiera se ha votado, lo cierto es que la mayoría de los miembros de la misma, 'copada' por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) o elegidos para sus puestos por el propio fiscal general del Estado, se han significado a su favor.

Por lo tanto, lejos de contar con una mayoría de apoyos, ha sido parte del sector de fiscales más 'afines' a García Ortiz en la institución el que ha cerrado filas con su jefe para que «no dimita», al menos, mientras la investigación del Alto Tribunal se encuentre en una fase tan preliminar.

Fuentes fiscales consultadas por este diario han confirmado que la reunión, convocada por el propio García Ortiz, ha arrancado una hora más tarde de lo programado, a las 10.00 horas de este jueves. Cuatro de los miembros, conectados por vía telemática, no han podido pronunciarse dado que al comienzo de la reunión ha acordado que al no haber acudido de manera presencial, por cuestiones de agenda, no podrían hacer uso del turno de palabra.

Es decir, de los 31 fiscales presentes: 12 han significado sin paliativos su disconformidad con la decisión continuista adoptada por García Ortiz; sólo 10 le han apoyado sin matices; Jesús Tirado se ha ausentado antes de pronunciarse; 5 más no han querido significarse abiertamente, entre ellos el jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso; y, los cuatro restantes se han mostrado incómodos, incluso críticos, con la situación inédita del fiscal general, pero sin entrar en una exigencia de dimisión directa.

Una imputación «sin precedentes»

Cabe recordar que un tribunal de cinco magistrados, con Susana Polo como ponente y Manuel Marchena como presidente, acordó por unanimidad abrir causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, el que le achaca Alberto González Amador –la pareja de Díaz Ayuso– por una nota de prensa enviada el 14 de marzo desde la Fiscalía de Madrid donde se revelaba el contenido de varios mails intercambiados por el abogado del empresario madrileño y el entonces fiscal asignado a su caso, Julián Salto, al hilo de las negociaciones para llegar a un acuerdo en un asunto tributario.

El jefe del Ministerio Público respondía al auto del Supremo anunciando que seguirá en el cargo por estar convencido de que «es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo y de que, en puridad, refuerza la independencia de la Fiscalía».

García Ortiz se ha mostrado consciente de que esta medida inédita afectará al trabajo de los fiscales, de ahí su encuentro con la Junta de Fiscales de Sala, «a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar».

La reunión arrancaba con García Ortiz tomando la palabra y argumentando su postura. Una posición que ya había adelantado, en las últimas semanas, desde que se conociese que el juez instructor designado, en un primer momento, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), elevase la correspondiente resolución motivada a la Sala de lo Penal del Supremo que es la única competente para investigar los hechos, dada la condición de aforado del fiscal general del Estado.

Esta no ha sido la primera Junta de Fiscales de Sala salpicada por la polémica, desde que García Ortiz llegase al cargo. En otras ocasiones, el cónclave ha vivido momentos tensos, como en las citas fijadas, por ejemplo, para decidir si la Fiscalía debía apoyar la investigación por terrorismo al ex presidente catalán y prófugo de la Justicia española Carles Puigdemont o para fijar postura respecto a la aplicación total de la ley de amnistía.