La red de Aldama multiplicó por cinco el uso de efectivo justo cuando Ábalos fue cesado como ministro

La trama de mordidas y comisiones ilegales de contratos sanitarios adjudicados por el Gobierno durante la pandemia que investiga la Audiencia Nacional disparó el uso de dinero en efectivo justo cuando José Luis Ábalos fue cesado como ministro de Transportes. El grupo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga la causa ha certificado al magistrado Ismael Moreno, encargado del caso, el aumento de cash durante esas fechas. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de Ábalos alegando que sería «difícil de entender» que la red pudiera haberse nutrido de fondos públicos sin su participación.

La documentación que la UCO ha entregado al magistrado demuestra que las entregas de dinero dieron un vuelco notable a partir de la tercera semana de julio de 2021. En total, los agentes, de momento, han podido rastrear los movimientos de hasta 156.359 euros. Casualmente, días antes -concretamente el 10-, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó el cese de Ábalos, que hasta ese momento era su mano derecha y hombre fuerte en el Ejecutivo. Los agentes han certificado que el año anterior, mientras se llevaron a cabo las adjudicaciones públicas millonarias de compra de mascarillas y otros productos sanitarios, el flujo de efectivo de los integrantes de la trama no llamó nunca la atención.

En cambio, tras la salida del exministro el uso del cash aumentó de forma considerable. Los agentes ponen el foco en Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil considerado como uno más en la trama. Precisamente, esta fue la persona a la que ahora los investigadores atribuyen los chivatazos que recibía la red junto con Leonardo Marcos, exdirector de la Benemérita recientemente relegado. Sólo en 2023, las retiradas de dinero en metálico fueron de 650, por ejemplo, tal y como figura en el informe que los investigadores acaban de entregar.

A día de hoy, el grupo encargado del caso continúa siguiendo el rastro de los fondos. Como ha publicado El Debate, parte de ellos se ocultan en Portugal aunque también se han localizado en República Dominicana, Brasil, Luxemburgo y Suiza. En concreto, la trama movió recientemente 1,16 millones de euros desde la ciudad lusa de Elvas. Casualmente, los movimientos se llevaron a cabo desde el mismo lugar donde se mudó el músico David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo. Estas transacciones se produjeron después de que la red fuera alertada de que había comenzado a ser investigada.

El escrito de Anticorrupción

Este jueves, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido un informe al juez Moreno donde sostiene que Ábalos, que cada vez está más cerca de ser imputado, avaló los contratos que nutrieron de fondos a la trama. El Ministerio Público argumenta que Aldama, el empresario que actuaba como intermediario dentro de la red, gozó de «información privilegiada». También que gracias a la amistad que tenía con el exministro «se aseguró la contratación con Soluciones de Gestión». Es decir, que aprovechó la «relación personal y directa» con Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, para que la empresa que acabó recibiendo las adjudicaciones, que fue constituida ad hoc para contratar con Transportes.

Los fiscales también hacen mención a la auditoría que Transportes elaboró recientemente. En ese documento, se indica que la propuesta de contratar a Soluciones de Gestión «llegó desde la más alta instancia del Ministerio». Es decir, desde el despacho del entonces ministro Ábalos. «Designación que no se entiende que únicamente estuviera avalada por el asesor personal del ministro, alguien que en el organigrama ministerial estaba en un escalón inferior al del subsecretario y sin ninguna capacidad ejecutiva», se argumenta en la auditoría.

Por estos hechos, Anticorrupción atribuye al exministro tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El primero de ellos porque ocupaba un papel principal dentro del entramado organizado por Aldama para desviar mordidas y comisiones ilegales de contratos públicos. El segundo por la intervención que tuvo para que se le acabaran adjudicando desde la cartera de la que era máximo responsable hasta 51 millones de euros a Soluciones de Gestión (sin contar los 12 y los 3,7 millones que la compañía también cobró por intermediación de Koldo de las Islas Canarias y Baleares respectivamente). El tercero de ellos por el uso y disfrute de un chalet ubicado en La Línea de la Concepción, en Cádiz, cuyo alquiler fue abonado por la trama.