El Gobierno interviene RTVE por decreto para meter en su Consejo a Junts y Bildu y anular al PP

El Gobierno ha iniciado el asalto definitivo de RTVE sin buscar siquiera un acuerdo con el PP, que es el grupo parlamentario mayoritario en el Congreso y en el Senado. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley pactado entre el PSOE y Sumar que garantizará a Pedro Sánchez la renovación total y el control del ente público para los próximos seis años, aunque haya cambio de Gobierno. Además, permitirá la entrada en el Consejo de Administración de partidos como Junts, ERC y Bildu y dejará al PP totalmente infrarrepresentado.

El nuevo Consejo de Administración estará formado por 15 consejeros en lugar de los 10 actuales, para hacer sitio a todos los compañeros de legislatura de Sánchez. De ellos, 11 serán nombrados por el Congreso, que son los que se repartirán los socialistas y sus socios. Por el contrario, los populares solo podrán designar los cuatro consejeros restantes, los que se votarán en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Los 10 miembros del Consejo actual, de los cuales seis tienen su mandato caducado, fueron elegidos en marzo de 2021 por mayoría de dos tercios en el Congreso y el Senado, que es lo que establece la ley de RTVE. Es decir, por acuerdo entre el PSOE y el PP, que son los únicos grupos parlamentarios que juntos llegan a los 210 diputados: tres del PSOE, tres del PP, dos de Unidas Podemos, uno del PNV y el entonces presidente, José Manuel Pérez Tornero, fue un nombre de consenso pactado entre socialistas y populares.

Lo que hace el nuevo decreto ley es rebajar la mayoría de dos tercios necesaria ahora a mayoría absoluta en segunda vuelta -176 diputados-, de manera que los socialistas no necesitarán al partido de Alberto Núñez Feijóo para decidir los 11 nombres que saldrán del Congreso.

Una vez que el decreto ley se publique en el BOE y entre en vigor, las Cortes tendrán 15 días naturales para iniciar el proceso de renovación. Y otros 15 para culminarlo. Entre medias, el decreto ley tiene que ser convalidado por el Pleno del Congreso, pero eso no será problema para el PSOE cuando haya repartido los consejeros con sus aliados y cerrado la lista de nombres.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, aseguró que este cambio legal por la vía del decretazo asegurará un Consejo de Administración de RTVE que represente «la pluralidad que tiene el Parlamento». «Nunca ha habido un Consejo que represente tantas sensibilidades», añadió. También sostuvo que este cambio legal pretende «asegurar la estabilidad» de la radiotelevisión pública y «garantizar su profesionalidad».

En este último sentido, los consejeros volverán a tener dedicación absoluta como hace años, en lugar de recibir una dieta por su asistencia a las reuniones del Consejo, como ahora. Y estarán sometidos a un régimen de incompatibilidades. Fuentes gubernamentales señalan que, estando en un régimen de dedicación exclusiva, el Ejecutivo les podrá exigir más.

El de RTVE es el segundo abordaje institucional que el Gobierno consuma en lo que va de curso, tras el del Banco de España. Y eso que se suponía que, en ambos casos, los socialistas querían llegar a un acuerdo con el PP. El día después del acuerdo para la renovación del CGPJ, el pasado junio, el presidente le dijo a Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: «Este es un gobierno de acuerdos, por necesidad -porque somos un gobierno en minoría parlamentaria-, pero también por convicción (…). Ojalá, señoría, este sea el primero de otros muchos acuerdos», señaló, en alusión a otras renovaciones pendientes entonces: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y RTVE.

Lo que pasó después, a la vuelta del verano, fue que el PSOE puso sobre la mesa del PP el nombre del entonces ministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España y ninguno más, sin posibilidad de negociación posible. Y ahora cambia las mayorías de la ley de RTVE para marginar al PP en el Consejo de Administración de la radiotelevisión pública durante los próximos seis años.

Desde el Gobierno argumentan que el PP nunca quiso negociar RTVE y que ellos no estaban dispuestos a dejar que los populares siguieran bloqueando la renovación del ente. La versión de los de Feijóo es otra. Según ellos, lo que no querían era un simple cambio de nombres para RTVE, sino alcanzar un acuerdo más amplio, que incluyera un «plan de supervivencia» para el ente público, que tiene un boquete de 30 millones de euros en sus cuentas.