Un magistrado del TC advierte que la prórroga del decreto que impide los desahucios lesiona el derecho de propiedad

El Tribunal Constitucional admitía, este jueves, el recurso de amparo presentado por una mujer con hijos menores de edad y en situación de vulnerabilidad a la que no se aplicó, por parte del tribunal de instancia, la suspensión del procedimiento de desahucio de la vivienda en la que la familia vivía de alquiler. Una suspensión que el TC recuerda que está prevista para casos en los que los arrendatarios se encuentren en una situación delicada y sin alternativa habitacional y que debió atenderse en el caso concreto de los recurrentes.

Sin embargo, y pese a que coincide en la solución dada al asunto, uno de los magistrados del Pleno, Enrique Arnaldo, ha aprovechado la ocasión para firmar un voto particular concurrente con el fallo. Esto es, aunque Arnaldo está de acuerdo con la sentencia dictada por la Corte, ha alertado que las sucesivas prórrogas del decreto-ley del Gobierno, aprobado en pandemia y que se prolonga ya durante más de 5 años, que seguirá vivo hasta el próximo 31 de diciembre, están «desnaturalizando» el derecho de los propietarios.

La discrepancia se centra, precisamente, «en el juicio que la vigencia de tal medida, cuya inaplicación en el caso ha determinado la estimación del amparo solicitado, estimación que, repito, asumo pero críticamente por cuanto el legislador de urgencia (reiterador de la urgencia en sucesivos reales decretos-leyes) incide en el núcleo definidor del derecho de propiedad, desconociéndolo, convirtiéndolo en puramente ilusorio para los propietarios de viviendas en las que habiten, incluso sin título alguno, personas calificadas como vulnerables, personas que, desde luego, merecen la mayor atención y ayuda de los poderes públicos en el marco del Estado social, pero no a través de la desnaturalización del derecho de propiedad y del poder de disposición de los propietarios».

Arnaldo sostiene que «es del todo evidente que la sucesión de decretos-leyes que han prorrogado esta potestad de suspensión la han convertido prácticamente en una medida de vigencia indefinida», como ya alertó en otros dos votos particulares sobre la misma materia que formuló en dos sentencias dictadas por el Tribunal, en 2023.

Para el veterano magistrado, «el encadenamiento de prórrogas sucesivas de suspensión de lanzamientos» afecta gravemente a los propietarios de las viviendas sobre las que se proyecta esta medida «desde la perspectiva de la afectación del derecho garantizado por el art. 33 CE».

Por ello, «me remito a las razones de mi discrepancia, tal y como quedaron allí expuestas. Entendía entonces y reitero ahora que la afectación del derecho garantizado por el art. 33 CE de una medida como la suspensión de los lanzamientos es evidente, en cuanto condiciona necesariamente el poder de disposición sobre determinadas viviendas de sus legítimos propietarios, para así pretender satisfacer una finalidad de interés social como es la protección de personas consideradas en situación de vulnerabilidad».

No en vano, mantener una medida que fue prevista para una situación de urgencia y extrema necesidad como la pandemia, renovando en el tiempo su vigencia, más de cinco años después, está alterando «de manera intensa las condiciones de ejercicio del derecho de propiedad respecto al concreto conjunto de propietarios que se van a ver afectados por la medida», subraya el magistrado Arnaldo.

«Para el propietario de una vivienda que se encuentre en la situación descrita en la norma supone la imposibilidad temporal, o más bien sostenida en el tiempo, de recuperar la disposición sobre ella, durante un largo período, subsistiendo por el contrario el deber de soportar las cargas que derivan de la titularidad de un bien del que no se dispone», afea en su voto particular, al que ha tenido acceso El Debate.