El PP pide reconsiderar la retirada de frecuencias y trayectos de autobuses que «discrimina» a la España rural

El Partido Popular ha registrado una moción en el Senado –que se debatirá en el pleno del martes– en la que pide al Gobierno que reconsidere el nuevo mapa concesional de transporte regular de autobús por carretera «por su alto impacto social, territorial y económico en la España rural». Los populares denuncian que «discrimina a los españoles y atenta contra la igualdad eliminando rutas, paradas y servicios e incrementando transbordos» y «perjudica gravemente la lucha contra la despoblación».

Además, la formación insta el Ejecutivo central a convocar de manera urgente la Conferencia Sectorial de Transportes para debatir ese nuevo mapa con los Consejeros de Transportes y Movilidad Sostenible de todas las comunidades autónomas, y afea que, pese a la obligación de hacerse cada seis meses, no se convoque desde julio de 2022.

En este sentido, como señala el PP en el texto registrado en la Cámara Alta, sus consejeros del ramo remitieron una carta al ministro Óscar Puente el 17 de octubre para exigir esta convocatoria. En ella los populares trasladaban su «más rotundo rechazo» al nuevo mapa porque «elimina rutas, paradas y servicios, incrementa transbordos, no tiene en cuenta la diversidad territorial y no se ha debatido en el seno de la Conferencia Sectorial».

«Es inadmisible la discriminación con la que el Gobierno de Pedro Sánchez castiga a la España rural», denuncia Alicia García, la portavoz del PP en el Senado. Lamenta que el ministro Puente «conoce nuestro territorio y sabe hasta qué punto es imprescindible mantener o mejorar la red de autobuses que enlazan pueblos con ciudades», así como que «suprimir ese vital transporte público por carretera deja aislados a nuestros pueblos y expulsa de allí a los vecinos». La dirigente popular recalca que los vecinos «no tienen que pagar la fiesta independentista que el Gobierno les regala en forma de cupo» y avisa de que desde su formación lucharán «con todos los instrumentos parlamentarios» a su disposición para impedirlo.

3,25 millones de personas sin autobús estatal

En su moción, el partido recoge los cambios de ese mapa diseñado por el Gobierno, de acuerdo con datos de Transportes. Por ejemplo, supondría eliminar el 47,20 % de las rutas, 456, y 9.305 paradas; también, que 3,25 millones de personas se quedaran sin servicio de autobús estatal y que un total de 1.417 municipios españoles se quedaran sin parada.

Por otro lado, el PP también denuncia en su texto que el coste mínimo por la prestación de los servicios que deja de realizar la Administración General del Estado con ese nuevo mapa concesional asciende a 110 millones de euros por año, una cantidad que, según subrayan, «el Gobierno quiere que asuman las comunidades autónomas», frente a los 40 millones entre dos años que aportaría el Ministerio que dirige Puente para implementar ese diseño.

«Este nuevo mapa concesional supone un ataque sin precedentes a la supervivencia de la España rural a la que el Gobierno abandona a su suerte, una vez más, al retirarle el único medio de transporte público con el que cuenta y perjudica gravemente la lucha contra la despoblación», concluye el partido de Alberto Núñez Feijóo.