Sánchez deja todo atado en instituciones y órganos clave para intentar perpetuar el sanchismo

Óscar López acababa de anunciar la conquista por asalto de RTVE desde la sala de prensa de la Moncloa y, todavía, el ministro para la Transformación Digital se permitió una chanza: «Me atrevo a aventurar que el PP también estará en el Consejo de Administración», auguró. Lo estará, porque Pedro Sánchez, en un alarde de generosidad, ha decidido asignar a la primera fuerza política de este país —tanto en el Congreso como en el Senado— cuatro de los 15 consejeros del futuro órgano de decisión de la radiotelevisión pública.

Un inciso: aunque el PP ha amagado con no designar en el Senado a sus cuatro consejeros, claro que los designará. Lo contrario no serviría de nada. Porque el Gobierno, que cuando se trata de maquinar siempre va dos pasos por delante del partido de Alberto Núñez Feijóo, se ha cubierto las espaldas en el real decreto ley de RTVE ante un posible intento de boicot del PP: «Si alguna de las dos Cámaras no hubiera efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los consejeros que le correspondan, el Consejo de Administración se renovará parcialmente, quedando constituido exclusivamente con los nuevos consejeros designados, siempre que se haya alcanzado la renovación de, al menos, los dos tercios del órgano». Y 11 de 15, que son los que se repartirán el PSOE y sus socios en el Congreso, son dos tercios.

El abordaje de RTVE se ha producido a plena luz del día y a punta de decreto ley (¿dónde está aquí la «extraordinaria y urgente necesidad» que establece la Constitución?), lo que demuestra que el presidente tiene cada vez más prisa y menos escrúpulos. Pero lo más importante: forma parte del plan de Sánchez para crear un Estado sanchista que se prolongue hasta la década de los 30 y, por tanto, que incluso les sobreviva a él mismo y al PSOE. Aquello de dejarlo todo «atado y bien atado».

Por empezar por lo último, el nuevo Consejo de Administración de RTVE tendrá mayoría de izquierdas e independentista hasta finales de 2030. Al menos. No en vano, los 15 consejeros serán elegidos para un mandato de seis años, con posibilidad de renovar para un segundo. Pero es que, a mayores, hay un puñado de instituciones y organismos reguladores/supervisores en los que se repite ese esquema.

Sigamos con el Tribunal Constitucional. Hay Cándido Conde-Pumpido y mayoría de izquierdas (la proporción actual es de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores) hasta 2026. El TC está compuesto por 12 magistrados: cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado —en ambos casos, por mayoría de tres quintos—, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del CGPJ.

En el caso del Consejo General del Poder Judicial, su composición actual se extenderá hasta julio de 2029. Es decir, hasta dos años después de la fecha tope en la que habrían de celebrarse elecciones generales: julio de 2027. El pasado verano, socialistas y populares llegaron a un acuerdo para desbloquear el nombramiento de sus 20 vocales y reformar la Ley orgánica del Poder Judicial. Los vocales fueron elegidos por un período de mandato de cinco años. Y también su presidenta, Isabel Perelló, que lo es también del Tribunal Supremo.

Pasemos al Banco de España, cuya renovación se ha producido hace poco más de un mes. Se suponía que el PSOE quería pactarla con el PP y luego resultó que le dio a elegir entre el ministro José Luis Escrivá y el ministro José Luis Escrivá (no se trata de una errata). Difícil decisión. Su mandato tiene una duración de seis años, sin posible renovación. Es decir, hasta septiembre de 2030. Antes que él, el último gobernador del Banco de España nombrado por un Gobierno socialista (el de José Luis Rodríguez Zapatero) fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Y no hace falta recordar aquí su actuación en la quiebra del sistema financiero.

El PSOE tampoco consultó con nadie, más que consigo mismo, la designación de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, en marzo de 2020. En su caso, su mandato dura hasta marzo de 2026. Llegada esa fecha no puede renovar para un segundo mandato, pero hasta entonces está blindada: aunque hubiera cambio de Gobierno, el nuevo no podría cesarla. Y, si antes no hay cambio y a su sucesor también lo elige Sánchez, el nuevo estaría hasta la primavera de 2032.

Los próximos objetivos de Sánchez son la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El Gobierno reformó la ley que regula la CNMV en marzo de 2023, para alargar el mandato de su presidente, vicepresidente y consejeros de cuatro a seis años. Aunque sin posibilidad de reelección. En diciembre de este año está prevista una renovación parcial de su Consejo de Administración: los que entren nuevos lo serán hasta finales de 2030. En ese proceso es de prever que el Ejecutivo alargue la estancia del presidente y la vicepresidenta de la CNMV, Rodrigo Buenaventura y Montserrat Martínez Parera, hasta diciembre de 2026 (vencía en diciembre de 2024).

En el Consejo de Administración de la CMMC hay cinco vacantes por cubrir desde hace meses. Entre ellas, una Vicepresidencia. Los consejeros que salgan elegidos también lo serán para un periodo de seis años. El modus operandi de Sánchez en el Banco de España y RTVE hace prever que no haya acuerdo con el PP. Probablemente, ni siquiera negociación.

El Tribunal de Cuentas merece una mención especial. Porque, en este caso, Feijóo no recibiría la herencia de Sánchez, sino de Pablo Casado. Su actual composición es fruto de un pacto entre socialistas y populares en octubre de 2021, cuando el líder de la oposición era Casado. Ambos partidos se repartieron seis consejeros cada uno. Los 12 consejeros fueron nombrados para un periodo de nueve años que no vence hasta finales de 2030. La ley orgánica del Tribunal de Cuentas establece que no podrán ser apartados «sino por agotamiento de su mandato, renuncia aceptada por las Cortes Generales, incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes de su cargo».

El fiscal general del Estado, imputado por el Tribunal Supremo, no tiene tanta suerte. Álvaro García Ortiz fue ratificado en enero de 2023 para un mandato de cuatro años. Es decir, hasta enero de 2027. Sin embargo, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla la posibilidad de su cese «cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto». Así que si antes de esa fecha hubiera cambio de Ejecutivo, Feijóo sí tendría las manos libres.

Con él y, también, con el abogado general del Estado. El actual, David Vilas, fue designado en junio de 2024. La ley establece que es «nombrado y separado» por real decreto del Consejo de Ministros, así que lleva y se va cuando el Gobierno de turno quiere. El mismo modelo sigue el nombramiento del presidente del CIS. El futuro de José Félix Tezanos está unido al de Sánchez: el primero durará lo que dure el segundo. O lo que quiera el segundo, porque lo habitual es que el presidente del CIS no esté más de una legislatura y él ya lleva casi seis años y medio, habiéndose convertido en el más longevo.

Cuanto peor es el estado del sanchismo más prisa le corre crear el Estado sanchista.