Abren diligencias contra la exdirectora del Instituto de la Mujer por lucrarse con 64 contratos de ayuntamientos del PSOE

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mislata (Valencia) ha abierto diligencias contra la exdirectora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad, Isabel García, y su pareja Elisabeth García Busnadiego, exasesora del PSOE en el Senado, por lucrarse con 64 contratos públicos otorgados desde varios ayuntamientos socialistas. García fue cesada por el Gobierno tras negarse a dimitir justo después de que se conociera que una consultora de su propiedad era la que gestiona el funcionamiento de varios ‘Puntos Violeta’, locales dedicados a la protección de mujeres que denuncian violencia de género.

De esta manera, García y su pareja ya están siendo investigadas por los tribunales a raíz de una denuncia que interpuso contra ellas el sindicato Manos Limpias. En total, se calcula que los contratos que recibieron les supusieron facturar más de 250.000 euros. El secretario general del sindicato, Miguel Bernad, ha solicitado que se las impute por los delitos de falsificación de documentos públicos, prevaricación y tráfico de influencias. El primer paso que ha dado la juez Elisa Soriano ha sido enviar un oficio a la Guardia Civil para que investigue los hechos. A finales del pasado mes de julio, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cesó a su subordinada tras numerosas quejas del PP, Sumar o Podemos.

«Estos 'Puntos Violeta' se han convertido en puntos a dedo», señaló entonces Alicia García, portavoz del PP en el Senado, quien lamentó que el Gobierno sea «cada vez más permisivo con la corrupción» por la tardanza en cesar a García. La exdirectora del Instituto de la Mujer, por su parte, denunció ser víctima de una cacería contra ella y negó haber utilizado su cargo para enriquecerse. En un comunicado afirmó que su conducta y la de su pareja «se ha ajustado siempre a derecho» y que por este motivo no quiso dimitir.

«Tengo la conciencia muy tranquila de no haber utilizado nunca mi cargo para enriquecerme, ni poco ni mucho, ni para favorecer a mi esposa. (...) Siento el injustísimo daño que debe asumir en su actividad profesional quien no ha hecho nada ilícito, por la sola circunstancia de que su cónyuge sea alto cargo», dijo. García lamentó que su cese haya venido motivado por «pseudoinformaciones periodísticas que presentan torticeramente hechos lícitos» y señaló que en su caso se ha confundido la libertad de información con un «instrumento hábil para destruir al adversario político».

También afirmó que «la cacería contra mi persona no tiene que ver con ilegalidades o irregularidades sino que está larvada desde mi nombramiento por no compartir una visión íntegra de la Ley Trans». Por este motivo, sostiene, fue espoleada por «sectores que pretenden deslegitimar las políticas de igualdad». Por último, en ese comunicado agradeció la confianza depositada en ella durante los últimos meses y se comprometió a seguir luchando por la igualdad «allá donde esté».