Álvarez de Toledo afirma que la «deriva antisistema» del PSOE es «imparable» y exige el cese de García Ortiz

«¿Vale todo para destruir a un rival político?¿Hasta dónde llegarían cada uno de ustedes para conseguirlo? ¿Violarían la ley? ¿Arrastrarían el prestigio de las instituciones?», señaló Cayetana Álvarez de Toledo desde la tribuna. «En una democracia plena hay límites que nadie puede traspasar y menos que nadie quien tiene el mandato constitucional de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés general», subrayó la diputada del PP, que defendía la iniciativa de los populares para reclamar el cese del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Álvarez de Toledo expuso varios motivos por los que debe ser cesado, como el incumplimiento «grave» y reiterado de sus funciones, que el Supremo le condenara por «desviación y abuso de poder», o que el CGPJ le declarara «no idóneo», o por su «traición» a los fiscales del procés para defender la amnistía como le exigía el Gobierno, pero además de todo ello, por ser el primer fiscal general del Estado imputado en la historia de la democracia, por presunta revelación de secretos.

En este sentido, y después de que Moncloa y especialmente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, le hayan respaldado asegurando que ha hecho su trabajo, porque, según defienden los socialistas, ha «perseguido un bulo», retó al PSOE a decir que el Alto Tribunal ha prevaricado por imputarle. «¿Eso opinan ustedes, señorías del PSOE? Atrévanse a decirlo desde esta tribuna. Su deriva antisistema es imparable».

La diputada popular señaló varias cuestiones sobre las que reflexionar: la «devastación institucional», los correos «incriminatorios», y la «espiral totalitaria». Y advirtió: «Hoy el perjudicado es el novio de una mujer a la que muchos de ustedes detestan (...), pero mañana pueden serlo ustedes, sus padres, sus parejas…», recordando el aviso de García Ortiz sobre que si quisiera «hacer daño a un determinado espectro político», tenía «información de sobra»: «¿Ustedes se creen a salvo?». «Sánchez tiene razón. Ha dicho que el tiempo pondrá las cosas en su sitio, también a él», concluyó.

En la misma línea, el diputado de Vox Emilio del Valle clamó contra la «degradación institucional y erosión del orden constitucional» llevada a cabo por el Gobierno, y denunció que García Ortiz ha colocado a la Fiscalía General del Estado «en una situación de patente subordinación a los intereses del Gobierno y con ello en el epicentro de toda clase de escándalos». Su grupo parlamentario ha pedido incluir a través de una enmienda que se inste al Ejecutivo a adoptar las medidas para garantizar «la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia» de quien le sustituya. «García Ortiz es un fiscal al servicio del proyecto del autócrata Sánchez, lo que los socialistas llaman uno de los nuestros», señaló.

Los socios del Gobierno se posicionaron en contra. En el caso del PNV, el diputado Mikel Legarda argumentó que su grupo no ve «la suficiente densidad» en el auto del Supremo para encausar al fiscal, y auguró que el caso quedará «en nada». Desde Junts, acusaron abiertamente, de nuevo, al Alto Tribunal de lawfare. «Esta iniciativa no es mas que un capítulo más de una evidente operación de lawfare», dijo Josep Pagés. Gerardo Pisarello, el portavoz de Sumar, directamente atacó a jueces, con nombre y apellidos, en concreto al magistrado Manuel Marchena, a medios de comunicación, a los que tildó de «pseudomedios», mencionando entre ellos a El Debate, y a la oposición.