El PP exige al Gobierno que deje de atacar a los jueces con una moción en el Senado

El PP ha presentado una moción en el Senado —fechada el pasado 23 de octubre y a la que ha tenido acceso El Debate— con la que exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de «interferir» en «la independencia del Poder Judicial mediante descalificaciones públicas de decisiones judiciales». Igualmente, el escrito de los 'populares', firmado por su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, pide al Ejecutivo que deje de «realizar manifestaciones que supongan una implícita justificación de la presunta comisión de un delito como el de revelación de secretos».

La formación que preside Alberto Núñez Feijóo remarca que «el fiscal general del Estado ha sido imputado» dado que «el Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad iniciar un procedimiento penal contra él por, supuestamente, haber filtrado datos secretos de la causa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular».

«Imputado por el Supremo por revelación de secretos, rechazado por la cúpula de la carrera fiscal por su condena por desviación de poder y su apoyo 'descarado' al Gobierno de Pedro Sánchez, considerado 'no idóneo' por primera vez en nuestra democracia por el Consejo General del Poder Judicial, criticado por su actitud ante los ataques y acusaciones de lawfare a sus compañeros jueces y fiscales del procés, por parte de los nacionalistas catalanes, donde no ha hecho nada para defenderlos, Álvaro García Ortiz no puede seguir siendo el Fiscal General del Estado», se agrega.

De esta manera, los 'populares' subraya que desde que García Ortiz fue elegido fiscal general del Estado «no ha escondido sus simpatías políticas, puesto que participó sin ningún tipo de sonrojo en actos del PSOE en la precampaña gallega de 2020», y que «desde que está en el cargo no ha dejado de atender los dictados del Gobierno de Pedro Sánchez, como cuando hizo cambiar de criterio al fiscal-jefe de la Audiencia Nacional; que antes de las elecciones había dado por bueno un informe del Ministerio Público que calificaba como terrorismo la actuación del brazo armado separatista Tsunami, y tras negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, se cambió de criterio, ya que era una de las exigencias que había puesto Puigdemont para prestar sus siete votos en el Congreso».

Igualmente, se relata que «uno de sus últimos servicios a la causa fue pedir el archivo de la investigación penal contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que el juez continúe investigando sobre sus 'negocios' con Juan Carlos Barrabés, la cátedra de la UCM y el software de la Universidad Complutense».

«Tras negarse a dimitir, de momento, de su cargo público tras la decisión del Alto Tribunal, el fiscal general debe ser cesado, ya que España no se merece este fiscal general del Estado, que ha demostrado tan deficiente esmero en la pulcritud del desempeño de la Fiscalía de más relevante trascendencia», zanja el documento.