El Gobierno usa el texto del decreto ley de la DANA para elogiarse a sí mismo

Este jueves entra en vigor el real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó el martes, con ayudas a los damnificados por la DANA por valor de 10.600 millones de euros, entre ayudas directas, créditos, exenciones fiscales y moratorias.

Éste fu publicado el miércoles en el BOE. En su exposición de motivos, el Gobierno aprovecha para hacer un autoelogio de su rapidez y determinación en la respuesta, en la línea de la comparecencia que Pedro Sánchez tuvo en la Moncloa el martes.

«Este conjunto de actuaciones que despliega ahora el Gobierno responde a este imprescindible apoyo y estímulo público, que el Ejecutivo ha venido desarrollando siempre que han tenido lugar sucesos de tal calibre y magnitud, tal y como fue en el año 2021 a raíz de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma», subraya su texto. Aunque el Gobierno pone de ejemplo lo sucedido en La Palma, isla que el presidente llegó a visitar diez veces, a día de hoy los afectados siguen quejándose de que no todas las ayudas han llegado, como contó El Debate la semana pasada.

El texto del decreto ley continúa: «En definitiva, se trata de medidas imprescindibles que persiguen de forma individualmente considerada, pero con un impacto transversal entre las mismas, establecer una red mínima de respuesta coordinada por parte del Gobierno de la Nación que abarca al conjunto de la población afectada en sus situaciones y necesidades más vitales».

Asimismo, en él el Ejecutivo deja muy claro que su actuación es complementaria a la del Gobierno valenciano, no principal. Puesto que, como reiteró Sánchez el martes, ni ha habido ni habrá declaración de emergencia nacional y asunción del mando por parte de la Administración central. Para ello adujo razones de «unidad, eficacia, respeto institucional y responsabilidad» y dejó esta frase: «Todos somos Estado».

«La magnitud de la emergencia, las medidas necesarias para subvenir la grave perturbación de las condiciones de vida de la población, el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales y, en definitiva, la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas, justifican la intervención de la Administración General del Estado, desde el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementando las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las Administraciones Públicas territoriales, y, en particular, de las Comunidades Autónomas, responsables de la dirección de la emergencia», remacha el decreto ley.

Las medidas laborales, en cuanto a permisos retribuidos y ERTEs, entre otros, han quedado pendientes para más adelante.

El decreto ley, como todos, deberá ser convalidado por el Pleno del Congreso en el plazo de 30 días. Recibirá un apoyo mayoritario de la Cámara Baja que podría ser unánime si también se suma Vox. El PP anunció ayer que votará a favor.

Con todo, lo más polémico no está en este decreto, sino en lo que ya adelantó Sánchez el martes, cuando condicionó futuras ayudas a los damnificados a la aprobación de los Presupuestos Generales de 2025. Algo que el PP y Vox calificaron de «chantaje».

«Vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario para atender las realidades de cada uno de los colectivos sociales, de cada uno de los territorios, singularmente de aquellas comunidades autónomas, principalmente la Comunidad Valenciana, que se ve afectado por esta terrible tragedia climática», anunció. Y añadió: «Pediremos el apoyo, espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder aprobar unos Presupuestos hoy más necesarios que ayer».