Denuncian al 'tres' de Hacienda por falsedad en documento público tras las irregularidades publicadas por El Debate

El presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, alto cargo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido denunciado por falsedad en documento público. Marco Sanjuán ocultó a la Oficina de Conflictos de Intereses que tenía a su nombre una red de ferias inmobiliarias con condenas judiciales por impagos. El exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, ha criticado a Marco Sanjuán afirmando que sus irregularidades «están siendo devastadoras para la imagen pública y para la credibilidad de Hacienda».

Manos Limpias, la organización liderada por Miguel Bernad, sostiene que no hizo constar en su declaración de bienes que tenía participaciones que oscilaban entre el 12,5 % y el 25 % en un entramado de doce salones inmobiliarios «para hacer negocios en numerosas ciudades españolas». De la misma manera, tampoco declaró que tenía un 7,22 % de participaciones en la sociedad Naves Europark SL con un empresario catalán que acaba de recibir 2,4 millones de euros en ayudas estatales.

La denuncia también hace alusión a que, como reveló este periódico, Marco Sanjuán fue objeto de una investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses el 25 de abril de 2019 y que, a pesar de ello, este organismo no detectó estas irregularidades. Tras esta entidad pedirle explicaciones, el presidente del TEAC mandó un escrito diciendo que la petición para que aclarara su situación «perjudicaba su estado de ánimo». Seguidamente, esta oficina, dependiente de la secretaría de Estado de Función Pública, archivó el caso.

Por este motivo, Manos Limpias solicita también que su directora, Flor María López Laguna, acuda a declarar como testigo. Desde el sindicato trasladan a El Debate que no descartan llamar posteriormente a Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, y a Soledad Fernández, directora de la Agencia Tributaria. «El artículo 390 del Código Penal español regula el delito de falsedad documental y establece las penas para la autoridad o funcionario público por la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación», explica la denuncia.

Precisamente, la Fiscalía ha calificado en varias ocasiones como delito los falseamientos en las declaraciones de bienes que los altos cargos envían a la Oficina de Conflicto de Intereses. «Las autoridades y funcionarios públicos que incumpliendo sus obligaciones legales omitan incorporar a sus respectivas declaraciones de actividades y/o bienes y derechos patrimoniales datos que, con arreglo a la legislación administrativa, estuvieran obligados a declarar, pueden incurrir en un delito de falsedad en documento oficial del artículo 390 del Código Penal. La omisión de dichos datos deberá ser considerada penalmente relevante, pues —cuando menos en abstracto— impedirá cumplir al documento —y al registro al que debe incorporarse— la finalidad que le resulta inherente», sostiene.

Este periódico ha publicado varias irregularidades sobre Marco Sanjuán. La primera de ellas fue que el presidente del TEAC usa un testaferro para poder tener una sociedad patrimonial con la que se ahorra el pago de impuestos mientras él, en sus conferencias, pide ejemplaridad a la hora de contribuir. El testaferro, llamado Enrique Lahuerta Tornos, figura como administrador único de la sociedad Investment Betancunia SL que, en realidad, pertenece a Marco Sanjuán. A pesar de que el 'tres' de Hacienda defendió la legalidad de su patrimonial cuando la Oficina de Conflicto de Intereses le abrió la investigación, veinte días después firmó ante notario su salida de la mercantil y, al mismo tiempo, el nombramiento del «hombre de paja».

La participación del alto cargo de la ministra Montero en los salones inmobiliarios fue otra de las informaciones que desveló El Debate. Cuando fue nombrado miembro del Gobierno rellenó un documento donde no mencionó la red de salones inmobiliarios que comparte con el también empresario Alberto Gómez Sánchez. Conflicto de Intereses no lo detectó cuando le investigó y, por este motivo, tras archivarse el asunto, vendió a toda prisa por tan solo 1 euro a Gómez esas participaciones. Esta red de salones inmobiliarios cuenta con ocho condenas judiciales por impagos. La más alta, de casi 200.000 euros, ha sido ratificada recientemente por el Tribunal Supremo.

El tercer punto tiene que ver con que tampoco declaró que tenía el 7,22 % de las participaciones de Naves Europark SL. Esta participación la tenía a nombre de Investment Betancunia SL. Se trata de una promotora inmobiliaria afincada en Tarragona desde la que tiene la propiedad de varias fincas de gran valor económico en el área de Les Gavarres. Este negocio lo comparte con Gonzalo Perdrix Ecequiel, un subinspector de Hacienda en excedencia que fue subordinado de Marco Sanjuán durante la etapa de este como inspector jefe de la Agencia Tributaria en Tarragona.

El socio del Marco Sanjuán acaba de recibir 2,4 millones de euros en ayudas públicas destinados a sus amplias gasolineras: Área Cambrils (Tarragona) y Área del Bajo Cinca, en Fraga (Huesca), ambas controladas desde la sociedad Áreas del Bajo Cinca SL. También cuenta con un negocio de energía renovable que canaliza a través de Gone Renovables SL.

Duras críticas de su exjefe

Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria y exjefe de Marco Sanjuán, ha criticado al presidente del TEAC tras las informaciones publicadas por El Debate. En un artículo de opinión, sostiene que sus irregularidades «están siendo devastadoras para la imagen pública y para la credibilidad de Hacienda».

«Se plantea así la posible irregularidad tributaria presente en el caso pues, actuando del modo descrito, se estaría evitando la tributación de lo percibido en el IRPF, haciéndolo en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo impositivo significativamente inferior. Es obligado recordar que la Agencia Tributaria persigue y sanciona gravemente este modus operandi cuando es llevado a cabo por el común de los contribuyentes por lo que, de confirmarse lo publicado, estaríamos ante el supuesto de un alto cargo del Ministerio de Hacienda que habría infringido las normas que el propio Ministerio, a través de la Agencia Tributaria, nos obliga a todos a cumplir», afirmó.

«Es en este punto y momento donde resulta inevitable la crítica para aquel que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Resulta así porque el presidente del TEAC conoce perfectamente que cada año los Tribunales Económico-Administrativos del Ministerio de Hacienda, cuyo órgano superior es el TEAC que él preside, vienen anulando aproximadamente 100.000 actos administrativos acordados por la Agencia Tributaria, lo que significa que los aproximadamente 100.000 contribuyentes que cada año ganan el litigio a la Agencia Tributaria vieron antes injusta e infundadamente alterado su estado de ánimo», concluye.