El asesino de Gregorio Ordóñez quedará en libertad 16 años antes por la nueva ley que pondrá en la calle a siete etarras

La ley de intercambio de antecedentes penales que permitirá a presos de ETA descontarse las penas que han cumplido en Francia y adelantar su salida de prisión ha entrado en vigor este viernes. Siete etarras cumplen ya los requisitos para quedar en libertad, según alertó la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y hasta 52 se beneficiarían también de la norma.

A partir de la reciente entrada en vigor de la reforma legal, los presos deberán solicitar la liquidación de su condena ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, quien decidirá en base a informes de la Fiscalía si corresponde su excarcelación.

Este proceso de revisión individual significa que, aunque la norma ya está en efecto, las liberaciones no se producirán de inmediato, sino que se irán evaluando y sucediendo de manera progresiva en los próximos meses.

Según las organizaciones Sare y Exterat, actualmente hay alrededor de 140 etarras en cárceles del País Vasco y Navarra, mientras que otros cuatro permanecen recluidos en Francia.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha indicado que varios miembros de la banda podrían beneficiarse de la nueva ley, entre ellos Juan Ramón Carasatorre, alias Zapata; Félix Alberto López de Lacalle, ‘Mobutu’; Jon Mirena San Pedro; Balbino Sáez; Ismael Berasategui; Luis Enrique Garate y Gregorio Vicario.

Además, José Javier Arizkuren, ‘Kantauri’, podría ver descontados los siete años y ocho meses que cumplió en Francia, lo que permitiría su excarcelación en 2025. También se ajustaría la condena de Aitzol Gogorza, quien, debido a problemas de salud, cumple su pena en su domicilio desde hace un año.

El asesinato de Gregorio Ordóñez

Entre los posibles beneficiarios está Juan Ramón Carasatorre, Zapata, quien destaca por su implicación en algunos de los atentados más notorios de la banda terrorista.

Fue condenado en 2011 a 30 años de prisión por el asesinato en 1995 de Gregorio Ordóñez, líder del Partido Popular en Guipúzcoa y teniente de alcalde de San Sebastián, un atentado que conmocionó profundamente a la sociedad española y supuso un golpe al liderazgo político en el País Vasco.

Además, Carasatorre participó en los asesinatos del inspector jefe de la Policía Nacional, Enrique Nieto Viyella, y del brigada de Infantería, Mariano de Juan Santamaría, entre otros actos de violencia.

Zapata se convirtió en un símbolo dentro del entramado de ETA, representando la violencia cruda que la organización estaba dispuesta a ejercer para intentar imponer su visión.

El 23 de enero de 1995, en vísperas de las elecciones municipales de mayo en las que Ordóñez iba a ser el candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, mientras comía en el bar La Cepa de la Parte Vieja con sus compañeros del ayuntamiento, entre ellos María San Gil, fue asesinado por un comando de ETA.

Su tumba, en el cementerio de Polloe de San Sebastián, ha sido profanada en varias ocasiones. Además, como consecuencia del clima de intimidación que sufrieron tras el asesinato de Ordóñez, tanto su viuda, Ana Iríbar, como su hermana, Consuelo, acabaron abandonando el País Vasco.

Rebaja de condenas

El caso de Carasatorre y otros como el de 'Mobutu', responsable de los asesinatos de varios guardias civiles, ha generado mucha polémica en torno a esta reforma de la ley. La redacción inicial del proyecto no contemplaba explícitamente beneficios para los presos de ETA.

Sin embargo, el 31 de julio, en una reunión parlamentaria antes del parón veraniego, Sumar propuso dos enmiendas que fueron incluidas sin levantar gran atención en el Congreso y obtuvieron apoyo en el Pleno.

No fue hasta un día antes de la votación en el Senado que la oposición advirtió sobre las posibles consecuencias de la normativa, provocando un tenso debate entre el Gobierno y sus opositores.

La aplicación de esta ley y su impacto en la situación de presos históricos como Carasatorre pone sobre la mesa el complejo balance entre la reintegración y la justicia en casos de terrorismo, un tema que sigue despertando intensas reacciones en la sociedad y en la política española.