La Guardia Civil concluye que el PSOE valenciano usó la Confederación del Júcar para el cobro de mordidas en la etapa Zapatero

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye en uno de los informes que ha remitido al juez que investiga el 'caso Azud', la trama de corrupción sobre la financiación ilegal del PSOE de Valencia, que el tesorero de los socialistas usó la Confederación Hidrográfica del Júcar para nutrir la contabilidad paralela del partido durante la etapa de Zapatero. El Debate publica hoy el informe de los investigadores, que ponen el foco en la oficina del Gobierno que en la actual crisis tardó en alertar sobre las riadas que provocaron las inundaciones de varios municipios valencianos.

El informe policial remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia sostiene que José María Cataluña, tesorero de la formación política, puso el foco en un contrato de la Confederación del Júcar para poder cobrar comisiones ilegales. En concreto, los investigadores han intervenido anotaciones en la agenda de Cataluña que señalan que se trata de la constructora Lubasa, que recibió un contrato de 29 millones de euros por parte de Acuamed, dependiente al mismo tiempo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que en la actualidad todavía dirige Teresa Ribera. Este contrato fue adjudicado el 27 de abril de 2007 y los agentes sostienen que las mordidas fueron pactadas días antes de que se diera luz verde al encargo. Concretamente, «en la fecha límite para la presentación de ofertas».

Los investigadores de la UCO trasladan al juez que el jefe de las finanzas del PSOE valenciano contaba con un modus operandi perfectamente diseñado para el desvío de mordidas. «Para el pago de esta comisión se habrían articulado una serie de operativas que, analizadas de forma conjunta, habrían tenido la aparente finalidad de encubrir el origen delictivo de los fondos. Firma de contratos simulados, emisión de facturación ficticia, interposición de terceras empresas ajenas al grupo empresarial o simulación de prestación de servicios», explican los agentes.

También insisten en que el último beneficiario del dinero que se desviaba de los contratos era la formación socialista: «En el caso de los fondos cuyo ulterior beneficiario sería el PSOE». De la misma manera definen el papel del tesorero como «nuclear». «Finalmente, el análisis efectuado ha evidenciado que otras actuaciones administrativas desarrolladas en el seno de Acuamed habrían propiciado pagos en beneficios del PSOE», concluye el informe.

En el momento de los hechos, la responsable de este organismo era la actual presidente del PSOE, Cristina Narbona, titular de Medio Ambiente durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Según los investigadores, las anotaciones halladas entre las pertenencias personales del tesorero Cataluña son claves para acreditar que cargos socialistas valencianos pactaban con empresas el pago de mordidas a cambio de contratos públicos. También el uso de instituciones públicas como la Confederación del Júcar para poder adjudicar estos encargos, que posteriormente servían para nutrir la contabilidad paralela que tuvo durante aquellos años.

En el foco de la tragedia

La Confederación del Júcar es el organismo sobre el que en estos momentos están puestos todos los ojos por los retrasos en los avisos sobre las crecidas de los ríos. Desde esta oficina del Gobierno sostienen que alertaron antes de las 19.00 horas, el momento más crítico, a través de un correo electrónico que se envió a la Comunidad Valenciana. En cambio, tras ser preguntados por la crecida del Barranco del Poyo, donde se generó la mayor afluencia de agua que posteriormente acabó llegando a varios de los municipios valencianos más afectados, sostienen que «no lo recordamos».

El actual responsable de esta entidad, Miguel Polo Cebellán, es un afiliado del PSOE que desde que llegó a este puesto sólo ha finalizado dos proyectos para evitar los desbordamientos que se produjeron hace diez días. Fue nombrado en 2021 y desde esa fecha tan sólo ha gastado 1,3 millones de euros de los 58,2 millones que tiene como presupuesto anual en hacer este tipo de obras. Su antecesora en el cargo con el PP, María Ángeles Ureña, invirtió 20,1 millones de euros en proyectos similares.

Mientras tanto, el PP pone ahora el foco en la ministra Ribera, responsable de la Confederación del Júcar, que aspira a ser nombrada comisaria europea en medio de las negligencias que giran en torno a su falta en la toma de decisiones. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su formación no va a apoyarla. «¿Una vicepresidenta del Gobierno que sabe lo que puede ocurrir llama al presidente de la comunidad autónoma a las ocho de la tarde?», ha dicho este martes en una entrevista. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene a Ribera como apuesta personal asegurando que «hacen falta más Teresas Riberas y menos negacionistas climáticos».