Llevan a Interior a los tribunales por la gestión policial tras el paso de la DANA

Era, posiblemente, la única tragedia por la que el nombre del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha terminado en una denuncia ante los tribunales. Sin embargo, el Ministerio del Interior ya ha sido demandado por la gestión que realizó tras el paso de la DANA que el pasado 29 de octubre devastó buena parte de la provincia de Valencia.

La asociación Justicia para la Guardia Civil, Jucil, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio del Interior por el reparto de competencias que realizó entre los cuerpos policiales que acudieron a ayudar a las localidades damnificadas por la DANA. Concretamente por el permiso que se concedió a la Policía Nacional para actuar en las zonas rurales de Valencia.

Para el secretario de comunicación de la asociación, Agustín Leal, destaca que se trata de una "decisión que se ha tomado sin una base jurídica sólida, ignorando tanto las competencias propias de la Guardia Civil como los principios de transparencia y de legalidad que deben regir en cualquier actuación administrativa”. La asociación denuncia que la modificación de competencias, comunicada solo a través de una nota de prensa del Ministerio, ha puesto en riesgo la seguridad de los guardias civiles y la operatividad de sus unidades en las áreas afectadas.

Así pues, Jucil ha solicitado la adopción de medidas cautelares que suspendan la decisión del Ministerio del Interior hasta que el recurso sea resuelto en los tribunales. Según Leal, «no hay justificación ni en términos de operatividad ni de personal para esta reasignación, y es fundamental que se respeten las competencias históricas y legales de la Guardia Civil en su ámbito territorial. Desconocemos qué criterios y qué informes pueden existir, en su caso, para justificar esta medida, que deberán ser aportados al procedimiento».

Jucil ha subrayado el impacto que esta decisión tiene en la estructura de la Guardia Civil, ya que, al retirar a los guardias civiles de sus funciones en estas localidades, se alteran los despliegues territoriales y se dificulta la organización del cuerpo en la provincia. La asociación recuerda que sus miembros han cubierto estas áreas de manera continuada y con gran esfuerzo durante la emergencia causada por la DANA. La solicitud de suspensión cautelar se ha solicitado en forma que no afecte a las labores desarrolladas en la zona, mediante la sustitución del personal de la Policía Nacional por el de la Guardia Civil, en un plazo máximo pero razonable.