La Fiscalía pide 59 años de cárcel para Villarejo por los presuntos encargos ilegales para Iberdrola
El Ministerio Público imputa al excomisario un delito continuado de cohecho pasivo, diez delitos de descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado de revelación de secreto
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido condenar a 59 años de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo por la decena de presuntos encargos ilegales que el funcionario realizó para la energética entre 2004 y 2011, solicitando a su vez 42 años de prisión para el exdirector de Seguridad de la compañía Antonio Asenjo.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público imputa a Villarejo un delito continuado de cohecho pasivo, diez delitos –uno por cada encargo– de descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado de revelación de secretos. Además de contra el comisario jubilado y Asenjo, también se dirige contra el socio de Villarejo, Rafael Redondo, para quien pide 50 años y seis meses de prisión.
Anticorrupción pide que los tres acusados indemnicen en concepto de responsabilidad civil a varios afectados con un total de 285.000 euros. La Fiscalía insta a que tanto Iberdrola como la Administración General del Estado deban responder de forma subsidiaria.
Además, el fiscal pide decretar el decomiso de los 1.455.064,14 € abonados por el Grupo Iberdrola al Grupo Cenyt –empresa vinculada al excomisario– por la ejecución de los diferentes proyectos de investigación.
En octubre de 2023, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional rechazó un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ratificó el sobreseimiento libre para el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la causa, si bien situó a la eléctrica y a la Administración como responsables civiles subsidiarios.
Según relata la Fiscalía, entre 2004 y 2011 Antonio Asenjo, en su condición de director de seguridad del Grupo Iberdrola y con pleno conocimiento de que José Manuel Villarejo Pérez se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía, encargó a este diferentes investigaciones sobre hechos que afectaban directamente a la compañía Iberdrola.
El objeto de las investigaciones encargadas era obtener información sobre personas físicas y jurídicas que pudiera ser utilizada por la compañía para la defensa de sus intereses.
Entre esos trabajos destaca la investigación al entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, una de sus principales competidoras en el mercado, para lo cual accedieron a las llamadas telefónicas de este y recabaron información sobre personas con las que contactó en el marco de la opa que Gas natural realizó en 2005 sobre Endesa.