Los alegatos feministas que Íñigo Errejón ha pronunciado durante años: «Mi España es la del 8M y la feminista»
Errejón, en 2020: «No hay denuncias falsas, quieren criminalizar a las mujeres»
De denunciante de la criminalización a acusación de fraude procesal, la postura de Errejón ha cambiado cuando se encuentra en la posición de investigado
Íñigo Errejón ha defendido en numerosas ocasiones que el fenómeno de las denuncias falsas en casos de violencia de género es estadísticamente insignificante y que su uso en el discurso público sirve para «criminalizar a las mujeres». En 2020, Errejón fue explícito al afirmar que «no hay denuncias falsas» en un sentido relevante, subrayando que los escasos casos existentes tenían como fin tergiversar y frenar el avance en la protección de las víctimas de violencia de género. Esta postura, apoyada en datos de la Fiscalía, contrastaba el 0,0069 % de denuncias por posible falsedad frente a las 168,057 denuncias de violencia de género presentadas solo en 2019.
Sin embargo, la firme defensa de Errejón en este tema parece haberse tornado en otra dirección tras la denuncia interpuesta en su contra por la actriz Elisa Mouliaá. La defensa de Errejón ha tachado la denuncia de «falsa» y la ha calificado como una maniobra dilatoria de mala fe para prolongar lo que denomina una «pena de banquillo» mediática. Argumenta que Mouliaá ha actuado de manera intencionada al escoger como abogada a Carla Vall, quien está temporalmente incapacitada por baja de maternidad, para ralentizar el proceso.
De denunciante de la «criminalización» a acusación de fraude procesal
En su defensa, Errejón sostiene que Mouliaá busca «prolongar de manera injusta» el procedimiento para perjudicar su imagen pública, insinuando incluso que existe una estrategia de «fraude procesal» mediante el uso de una abogada que no puede atender el caso de forma inmediata. La defensa de Errejón, llevada por la letrada Eva Gimbernat, sugiere que esta «denuncia falsa» sirve únicamente para perjudicarlo y destaca una presunta «verborrea» de Mouliaá en los medios y redes sociales como muestra de un interés espurio detrás de la demanda.
La Fiscalía General ha documentado que desde 2009 las denuncias falsas constituyen una cifra extremadamente baja: solo 121 casos llegaron a juicio y, de esas, una mínima fracción se tradujo en condena. Estos datos respaldan la postura defendida por Errejón en el pasado, quien cuestionaba la instrumentalización del concepto de «denuncia falsa» como una forma de restar credibilidad a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, en un giro notable, en el contexto de su caso, Errejón se encuentra invocando la posibilidad de que exista un abuso procesal a través de una «denuncia falsa», distanciándose así de sus propios argumentos previos.
La contradicción de posturas no ha pasado desapercibida en el panorama político, y el desarrollo de este proceso judicial podría continuar arrojando luz sobre cómo las posturas políticas frente a la violencia de género se ponen a prueba cuando la misma figura que defendía a ultranza la protección a las víctimas se encuentra en la posición de investigado.