Sumar pide en una iniciativa en el Congreso incluir el ecocidio en el Código Penal

El grupo parlamentario Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que pide incluir el delito climático, llamado ecocidio, en el Código Penal para «disuadir la destrucción del medio ambiente». La coalición impulsada por Yolanda Díaz insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley para tal fin.

Según recoge EFE, en la iniciativa señalan que el ecocidio es un «acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente», según la definición de un panel internacional de expertos reunidos por la organización internacional Stop Ecocidio.

Subrayan que la ONG Influence Map informó en 2019 que las cinco mayores multinacionales de gas y petróleo –ExxonMobile, Total, BP, Chevron y Royal Dutch Shell– destinaron «más de 1.000 millones de dólares a prácticas lobistas de todo tipo» y en un caso más reciente recuerdan el Diesel Gate en el que la empresa de automóviles Volkswagen camufló con un software secreto las emisiones de dióxido de nitrógeno. Posteriormente, «una investigación de la propia Volkswagen descubrió prácticas similares en varias compañías de la competencia», informa EFE.

Para Sumar, «el sector financiero tampoco está exento de responsabilidad», y muchos de los productos financieros que se venden como sostenibles a los clientes no lo son, y mencionan entre otros a los bancos españoles Santander, CaixaBank y BBVA, que «habrían invertido unos 1.000 millones de euros en algunas de las empresas más contaminantes del mundo». Considera la coalición que el sistema regulatorio actual «no es suficiente para evitar crímenes climáticos, ya sea por falta de recursos humanos y económicos o por falta de voluntad política de no hacer cumplir la regulación existente de protección y control».

Por todo ello, pide que se amplíen los recursos en la Fiscalía de Medio Ambiente para «adecuar» la práctica de diligencias, intervención o instrucciones en aquellos procesos penales relacionados con el medio ambiente. Y plantea también reconocer el ecocidio como crimen autónomo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y transponer la Directiva del Consejo y el Parlamento Europeo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal.

Ya en su programa electoral, el partido de Yolanda Díaz abogaba por crear una «fuerza civil de control ecológico en el seno de Naciones Unidas y de un tribunal internacional de justicia climática para facilitar la lucha global contra el ecocidio», y expresaba que este debía ser reconocido como delito en el ámbito de la Corte Penal Internacional.