Una acusación denuncia la «parcialidad» de la Fiscalía en la causa contra García Ortiz

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) ha denunciado la «parcialidad» con la que está actuando la Fiscalía en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, algo que «al fin y al cabo» era lo «previsible».

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la asociación pide al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que rechace el recurso del Ministerio Fiscal contra los autos de entrada y registro, que ha pedido anular, como también ha hecho más tarde la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz.

En sus alegaciones, Apif, que ejerce la acusación popular en la causa, destaca que «es la primera vez que esta parte ha tenido conocimiento de un caso en el que el Ministerio Fiscal solicita la nulidad de una orden de entrada y registro acordada judicialmente».

Defensor de los investigados

De hecho, añade, «es tan evidente que el Ministerio Fiscal está asumiendo el papel de defensor de los investigados que en su recurso acusa al tribunal de incurrir en omisiones deliberadas que dificultan enormemente las posibilidades defensivas de los querellados».

A su juicio, todo ello denota la «parcialidad» con la que «está actuando el Ministerio Fiscal», si bien precisa que era «previsible que esto sucediera» pues «al fin y al cabo», García Ortiz continúa siendo fiscal general del Estado y, en calidad de tal, «puede impartir órdenes al fiscal designado en esta causa».

Esta parte ha pedido citar como testigo a un fiscal del Supremo que durante el registro del pasado 30 de octubre sobre las 19:00 horas vio a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, revisando un móvil con García Ortiz en el patio, cuando la Guardia Civil aún estaba llevando a cabo sus pesquisas, «a efectos de acreditar la veracidad de este singular e insólito encuentro».

El juez investiga si García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, incurrieron en un delito de revelación de secretos sobre los correos en que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia.