El inspector que destapó la trama Koldo apunta a nuevos delitos fiscales pese al «sigilo» impuesto por Montero

Raúl Burillo, el funcionario que destapó la trama 'Koldo', el presunto caso de corrupción que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez, ha confirmado en su comparecencia de este lunes en la comisión de investigación del Senado fue en abril de 2020 cuando se inició su actividad inspectora a la principal empresa implicada, Soluciones de Gestión. Unas pesquisas que pusieron nervioso a su principal propietario, el empresario y supuesto comisionista Víctor de Aldama que, incluso, llegó a encargar al guardia civil de la trama, el comandante Rubén, que le buscase «debilidades» para tratar de silenciarle.

Pese a las presiones recibidas, Burillo, destinado en la delegación de Hacienda de Aragón, ha confirmado que dedicó «más de tres años y medio» a rastrear el hilo de las irregularidades en la compraventa de material sanitario, principalmente desde el Ministerio de Transportes, bajo el mandato de José Luis Ábalos, a la mercantil de Aldama.

Sin embargo, y aunque durante todo el tiempo de investigación habría podido acceder a numerosos datos útiles para las pesquisas, Burillo no ha podido facilitar casi ninguno dado que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tratado de limitar su comparecencia, a través de los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria.

No en vano, el propio inspector ha indicado en sede parlamentaria de la advertencia que recibió sobre la prohibición de facilitar cualquier tipo de información tributaria sensible, salvo en el caso de los altos cargos relacionados con el objeto de la comisión, bajo apercibimiento de que, de hacerlo, estaría incurriendo en un delito: «Estoy aquí, en el filo de la navaja por mis deberes de sigilo».

Una 'amenaza' que ha condicionado su comparecencia en la que, pese a no poder dar nombres o desvelar datos confidenciales, ha confirmado que se investigaron y se identificaron vínculos entre Soluciones de Gestión con «personas físicas y jurídicas y la propia Administración»; y, que «hubo más informes al juez Moreno», más allá del que trascendió a medios del pasado mes de febrero.

De acuerdo con la declaración de Burillo, en esos otros documentos, aparecían reflejados posibles nuevas irregularidades que podrían sumarse, próximamente, a la instrucción judicial del caso. «Se investigarán delitos fiscales», advirtió.

Nuevas pruebas e informes judiciales

La declaración de Burillo ha coincidido, precisamente, con la decisión del juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, quien ha acordado que se le proporcionen a la inspectora de Hacienda todos los datos necesarios para que realice su informe sobre las cantidades que Soluciones de Gestión (como empresa vinculada a la trama) y Víctor de Aldama (el presunto conseguidor), por si pudieran haber defraudado a la Hacienda Pública en el ejercicio 2020.

En una providencia, el magistrado responde así al fiscal del caso, Luis Pastor, que interesaba ese auxilio técnico para conocer si hubo defraudaciones al fisco en ese año en el que se celebraron los contratos objeto de investigación.

Pastor, además, solicitaba que se citara ante el juzgado a esa funcionaria de Hacienda para que tomara posesión y fuera habilitada para poder acceder al 'Cloud', la 'nube' en la que se encuentra almacenado todo el sumario, y de esta manera pudiera disponer «de los documentos necesarios para el desarrollo» de la colaboración requerida.

Moreno, sin embargo, no ve necesario que sea citada y acuerda sin más que se le faciliten documentos y se le aporte, por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «cuanta información de interés» consideren de lo que vayan investigando.

Cabe recordar que en esta causa se indaga en las presuntas irregularidades que pudieron darse en la adjudicación de varios contratos públicos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Unas pesquisas que han llevado, este mismo mes, al Tribunal Supremo a la apertura de una causa penal contra el diputado y ex ministro de Transportes José Luis Ábalos por varios presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, después de que Moreno instara a investigarlo por su «papel principal» en la misma.