Sánchez asumió por decreto el mando de las catástrofes climáticas y se obligó a prevenirlas y atenderlas

Pedro Sánchez siempre tuvo y tiene el mando en una situación de «emergencia y catástrofe» como la vivida en España, en la Comunidad Valenciana y otras regiones con menor intensidad, y además estaba obligado a ejercerlo.

Lo dice la Ley de Seguridad Nacional (LSN) de 2015, aprobada en virtud de la competencia exclusiva que en materia de seguridad pública reserva la Constitución Española al Estado, según disponen sus artículos 149.1º. 4ª y 29ª. Pero también lo asumió él mismo, de su puño y letra, en un documento muy personal de Presidencia del Gobierno que derogó la Estrategia de Seguridad Nacional desarrollada por Mariano Rajoy en 2017 y la sustituyó por otra con su firma y prioridades, entre las cuales destaca una que ayuda a entender sus omisiones ante la Dana: «Ofrecer una respuesta desde una estructura de mando y control nacional».

La «Biblia» de la Seguridad Nacional otorga al Presidente del Gobierno la capacidad y la obligación de declarar, mediante decreto, una «situación de interés nacional» que, en tiempo real, le permita al Estado movilizarse y coordinar al resto de las Administraciones para defender a la ciudadanía y al territorio de todo tipo de graves amenazas, desde las invasiones extranjeras hasta los ciberataques, la injerencia externa en procesos electorales y, entro otros desafíos, las catástrofes naturales.

Es el recurso legal del presidente para, sin necesidad de que ninguna Comunidad le reclama ayuda o emita alertas e incluso sin perder tiempo en los trámites parlamentarios necesarios para aplicar un Estado de Alerta también previsto en la Constitución para situaciones de catástrofe, pueda actuar con urgencia, definiendo el ámbito geográfico de intervención, la duración de la emergencia y los recursos necesarios para atenderla.

La precisión de esa Ley, inspirada en la existente en Estados Unidos, es absoluta y le concede en exclusiva al presidente del Gobierno, en su artículo 15, unas atribuciones ignoradas en la crisis que ha arrasado buena parte de la provincia de Valencia y ha afectado, con mayor y menor gravedad, a Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña e incluso Murcia.

Una Ley, un decreto presidencial y una orden le obligaban a intervenir, pero Sánchez prefirió simular que era un problema autonómico

Los poderes residen en el jefe del Ejecutivo, a quien compete dirigir la política de Seguridad Nacional y el Sistema de Seguridad Nacional, proponer la Estrategia de Seguridad Nacional y sus revisiones y la más concreta para haber actuado antes y después de la catástrofe climatológica y humanitaria: declarar la citada Situación de Interés Nacional.

Para que no haya ninguna duda al respecto, el propio Sánchez tradujo en competencias, obligaciones y actuaciones concretas ese marco legal, con un mandato flagrantemente ignorado cuando más necesario era aplicarlo: es su hoja de ruta personal, un Real Decreto de 32 páginas completado con un documento de 114 páginas visible en el Departamento de Seguridad Nacional, en el que resuelve todas y cada una de las dudas y discusiones desatadas por la Dana sobre quién tenía la mayor jerarquía y obligación para actuar preventivamente antes de las catástrofe y atenderla después, con el indelegable mando capaz de coordinar todos y cada uno de los recursos del Estado, incluyendo las Comunidades.

En ese manual impulsado por Sánchez en persona, se diluye el relato oficial que culpa a Carlos Mazón, cuyo insólito desconocimiento de la Ley le ha hecho parecer responsable único de una hecatombe en la que, en realidad, ocupaba un papel secundario en un escalafón que le obligaba a ponerse a las órdenes de Pedro Sánchez para ayudarle, desde el conocimiento del terreno, sus competencias autonómicas y sus recursos, a atender la emergencia.

«Ante amenazas que trasciendan los marcos ordinarios de respuesta, la gestión de crisis del Sistema de Seguridad Nacional ha de contar, en primer lugar, con un sistema de información para el apoyo a la decisión basado en el análisis de indicadores que proporcione alerta temprana sobre los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional», explica la Estrategia diseñada y aprobada por Pedro Sánchez.

Muy precisa también en el diseño de un sistema que sitúa al presidente del Gobierno en la cúspide, incluso con un elocuente gráfico en el que sitúa, a sus órdenes, al resto de actores bajo la máxima de que él mismo «dirige el Sistema de Seguridad Nacional» y debe disponer de un sistema de comunicaciones propio para ejercer el control.

La ignorada «situación de interés nacional»

La situación de emergencia, señala literalmente, «requiere una red de comunicaciones segura, que permita integrar la información y ofrecer una respuesta desde una estructura de mando y control nacional», a lo que añade la necesidad de «disponer de un catálogo actualizado de recursos humanos y materiales y de planes de preparación y disposición de estos para hacer frente a las situaciones de crisis. Todo ello, en un marco normativo actualizado de Seguridad Nacional».

Tampoco hay duda alguna de que la catástrofe meteorológica desatada el 29 de octubre, con un auténtico tsunami en buena parte de Mediterráneo, se engloba en las situaciones específicamente definidas por el propio Sánchez como asuntos de su más estricta responsabilidad, con una precisión que resulta impactante viendo su inacción posterior.

«La seguridad de las personas y los bienes se ve afectada por distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana accidental o intencionada». Y para que no haya dudas, Sánchez es aún más puntilloso al incluir en las amenazas nacionales «el incremento en la magnitud y frecuencia de algunos fenómenos meteorológicos adversos. En este contexto, se identifican como principales riesgos las inundaciones, los incendios forestales, los terremotos y maremotos», entre otros.

Para dejarlo aún más claro, si acaso hacía falta, el líder del PSOE insiste con frecuencia en su Estrategia de Seguridad Nacional en esa amenaza, elevada a categoría de prioridad máxima para salvaguardar la integridad de la ciudadanía: «Riesgos de origen natural relacionados con el clima, como son las inundaciones y los incendios forestales, tienen cada vez mayor incidencia en la seguridad, pues cada vez son más severos y frecuentes».

El Real Decreto 1150/2021 de Sánchez, subsidiario de la Ley de 2015 que integra la Seguridad Nacional «bajo la dirección del Presidente del Gobierno y la responsabilidad del Gobierno», aprobó hace ya tres años la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, reforzando aún más la orden que él mismo ya aprobara en 2019 con su Consejo de Seguridad Nacional por el que se integra la Protección Civil en el Sistema de Seguridad Nacional, desechando así la falsedad ahora esparcida de que es competencia regional, también es rotundo en la cadena de mando y visualiza el esquema presidencialista típico americano, donde al presidente se le considera una especie de «Comandante en Jefe» en situaciones adversas.

«La mejora de las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno (…) contribuirá a la eficiencia del Sistema de Seguridad Nacional, al permitir una mayor coordinación entre administraciones en materia de gestión de crisis (con) la integración de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el Sistema de Seguridad Nacional».

Más allá de la rapidez en movilizarse de las Comunidades Autónomas y de la eficacia de sus propios sistemas de alerta a la ciudadanía, que nacen de una interpretación correcta o no de avisos rutinarios de la AEMET o de las confederaciones hidrográficas, el documento aprobado por Sánchez también le concede a él mismo la prevención, y no solo el auxilio, de las situaciones catastróficas, en su calidad de máximo responsable de la Seguridad Nacional y de único cargo público para habilitar una respuesta preventiva y reactiva vinculante y ejecutiva para todos.

«Este planteamiento otorga especial relevancia al avance en la integración del Sistema de Seguridad Nacional y a la acción frente a situaciones de crisis. A los efectos de articular una política preventiva, se identifica como área clave el establecimiento de un sistema de alerta temprana, sobre una base tecnológica, que proporcione indicadores para todos los ámbitos de la Seguridad Nacional».

La torpeza de las autoridades autonómicas o el retraso o tibieza de las alertas emitidas por todos los organismos, entre ellos o a la ciudadanía, no son relevantes al lado del procedimiento legal establecido por el propio Sánchez, que le permite disponer de la información de todos en tiempo real y proceder ejecutivamente antes y después de la tragedia, algo que no hizo.

Ese incumplimiento es seguramente el origen de toda la cadena de fallos en cascada posterior, pero coloca al presidente como máximo responsable de la acción y desmonta el sorprendente discurso de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que en los últimos días ha pasado por alto las competencias reales de su jefe y ha llegado a señalar a los afectados por su poca destreza a la hora de interpretar las alertas.

Teresa Ribera ha llegado a reprochar que no se atendiera la alerta roja, que es precisamente lo que Sánchez ignoró para poner en marcha sus competencias

«El riesgo de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo, solamente cuando se toma en serio la señal de alerta meteorológica, que en este caso era roja». Precisamente lo que debería haber activado la actuación del Gobierno que nunca llegó: Pedro Sánchez volvía de la India y la responsable de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar estaba desaparecida y en el extranjero, preparando su examen para Comisaria de Competencia de la Comisión Europea, ahora en el aire.

La «desaparición» de Sánchez

Antes de llegar a la Presidencia Sánchez ya estaba vinculado, pues, por la Ley 36/2015 de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que le obliga a actuar y para ello le confiere unos poderes y prerrogativas en su condición del Jefe del Ejecutivo que solo a él le corresponden para intervenir ante situaciones de amenaza nacional como la que ha afectado a cinco Comunidades y su propio Gobierno ensayó en 2019, con un simulacro de inundaciones masivas como las de Valencia.

Pero cuando llegó, el secretario general del PSOE se preocupó especialmente de desarrollar esa legislación con la Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Protección Civil y se la incorpora a su mando.

Y también por el citado Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional vigente, y que eleva a la categoría de Amenazas y Desafíos para la Seguridad Nacional las Emergencias y Catástrofes que él no ha querido atender, ante lo que según los juristas consultados pudiera tratarse de una evidente dejación de funciones, algo que refrenda el estudio elaborado por la consultora ITCD S.L. para El Debate sobre la normativa aplicable ante una catástrofe, bajo la coordinación de su socio director, Julio Naranjo.

El decreto en cuestión ahonda en la definición de los desastres climáticos entre los asuntos de máxima jerarquía para poner en práctica «los poderes presidenciales». Este periódico ha preguntado al presidente del Gobierno precisamente acerca de las razones por las que no ha aplicado los artículos 22, 23 y 24 de la LSN, entre otros, y cuáles fueron los informes jurídicos utilizados por él para no declarar la Situación de Interés para la Seguridad Nacional”, tal y como recoge el artículo 16 de la LSN y que reserva esta competencia en exclusiva para Pedro Sánchez. Moncloa no ha respondido a nada al cierre de esta edición.

En ese contexto, cuando el presidente pronunció la frase «si necesitan más recursos, que los pidan», estaba conculcando la Ley y, además, derogando irregularmente de facto las obligaciones que él mismo se había adjudicado por decreto. Él situó la «emergencia climática» al mismo nivel que, por ejemplo, un eventual ataque de Marruecos a Ceuta o Melilla.

Pero cuando se produjo, se movilizó para simular que era un asunto autonómico en el que, todo lo demás, él estaba para ayudar. Y nadie, ni en el PP ni en las regiones afectadas, le ha corregido.