El Supremo pregunta a la número dos de García Ortiz si debe apartarse en la causa penal contra su jefe

Un plazo de cinco días hábiles, desde este mismo martes, para que la Fiscalía se pronuncie sobre la posibilidad de apartar a la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, de la causa que se sigue contra su jefe, Álvaro García Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, ante la Sala Segunda del Supremo.

Según ha podido confirmar El Debate, el juez instructor del Alto Tribunal, Ángel Hurtado, ha dado traslado a Sánchez Conde de la petición instada por el abogado del empresario Alberto González Amador para que se pronuncie sobre la necesidad de que sea otro fiscal el que actúe en el procedimiento abierto contra el titular del Ministerio Público.

Y es que, la pareja de la presidenta madrileña, considera que la «posición» de la número dos de la institución, en tanto que «primera persona de confianza del fiscal general del Estado» podría estar comprometida por su «participación directa o indirecta en los hechos objeto de investigación» que han llevado a su superior jerárquico a estar imputado por un presunto delito de revelación de secretos. De ahí que instase la necesidad de alejarla de la representación procesal del caso, que le está permitiendo acceder a toda la información contenida en el sumario, declarado secreta, mientras continúa bajo la dependencia del fiscal general del Estado que continúa en el cargo.

Cabe recordar que, desde que se conociese la decisión del Supremo de abrir causa penal contra García Ortiz – tal y como solicitó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en su exposición motivada– los fiscales se preguntan si, en este caso inédito –nunca antes en democracia un fiscal general se había visto penalmente cuestionado– la Fiscalía «puede ejercer su función de defensa de la legalidad, bajo los principios de dependencia jerárquica e imparcialidad que la rigen, mientras su máximo responsable sigue en el puesto».

No en vano, la encargada de informar al Supremo sobre el procedimiento criminal de García Ortiz, su número dos, se opuso a cualquier actuación contra su jefe y pidió rechazar la imputación. Un hecho que, a juicio de la mayoría de los miembros del escalafón, la lleva a estar inmersa en un «conflicto de intereses» que, ya desde entonces, le impediría «pronunciarse con la neutralidad y objetividad» que se presuponen en cualquier otro escenario.

Es la misma tesis que sostiene el letrado que representa al empresario González Amador para quien Sánchez Conde «puede tener, además –y al menos–, la condición de testigo en relación a los hechos que nos ocupan, por poder con su testimonio y aportaciones incorporar al sumario la información y soportes –físicos o digitales– de los que disponga que acerquen al descubrimiento de la verdad, y sin que exista en el ordenamiento jurídico excepción alguna que le relevara de dicha obligación constitucional».

Además, el abogado del novio de Díaz Ayusó destacó cómo «Sánchez Conde mantiene –todo al mismo tiempo– acceso a las actuaciones judiciales declaradas secretas, dependencia jerárquica con el investigado y el deber de poner en conocimiento del fiscal general del Estado los hechos relativos a su misión que, por su importancia o trascendencia, la misma considere o él mismo quiera conocer».

Un hecho que todavía adquiere más relevancia tras conocerse cómo un fiscal del Supremo, vocal en el Consejo Fiscal, Salvador Viada, vio a Sánchez Conde junto con García Ortiz, 'manipulando' un móvil durante el registro que llevó a cabo la UCO de la Guardia Civil, durante más de 11 horas, en el despacho del fiscal general del Estado, por orden del juez Hurtado.