Bolaños creó un órgano «independiente» contra la corrupción nombrado por él justo antes del Aldamazo

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de octubre, vía real decreto, el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Una entidad para luchar contra la corrupción, supuestamente al margen del control del Gobierno, cuyo presidente, sin embargo, lo nombrará Félix Bolaños. El mismo ministro que también controlará la Comisión Consultiva de Protección al Informante, que ha de asesorar a su responsable.

De hecho, la Autoridad Independiente de Protección al Informante está adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, aunque «a efectos únicamente organizativos y presupuestarios», según el mismo”. Y «sin que en ningún caso dicha adscripción afecte a su autonomía e independencia».

Durante su presentación, ese día en la Moncloa, Bolaños presumió de que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez «no tolera ningún tipo de corrupción» y de que «quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno de España». Para entonces, el Gobierno llevaba semanas yendo a remolque de las revelaciones de la UCO en torno al caso PSOE y de la fotografía de Pedro Sánchez con el empresario Víctor de Aldama. Y decidió mover ficha a través del BOE.

Este último está colaborando con la Justicia, y de hecho el juez Santiago Pedraz le dejó el jueves en libertad tras prestar declaración voluntaria. Pero, en su caso, no tiene el apoyo del Gobierno. Al contrario: Sánchez y los socialistas no han hecho otra cosa que desacreditar su testimonio por completo. «Ha facilitado datos relevantes tanto para el esclarecimiento de los hechos investigados», señaló la Fiscalía ese día en un comunicado, «habiendo manifestado su plena disposición a seguir cooperando con la Administración de Justicia y estando dispuesto a comparecer cuantas veces sea llamado y prestar declaración a las preguntas que le pudieran ser formuladas tanto por el magistrado como por el fiscal», continuó.

El ejecutivo mantiene con Aldama una actitud diametralmente opuesta a la mantenida con el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda que en 2009 destapó el Caso Gürtel, José Luis Peñas, a quien el Consejo de Ministros concedió el indulto parcial a finales de octubre. «El mensaje es clarísimo», reiteró Bolaños entonces: «Cualquier persona que conozca la comisión de un ilícito puede denunciarla y va a contar con el respaldo del Gobierno».

Según el decreto de creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que está pendiente de llevar a término, estará formada por un presidente nombrado por Bolaños para un mandato de cinco años (aunque la Comisión de Nombramiento del Congreso tendrá que dar su visto bueno a la propuesta) y una Comisión Consultiva de Protección del Informante.

En ésta última estarán representadas hasta una decena de instituciones cuyos responsables han sido elegidos por el Gobierno: un representante del Tribunal de Cuentas; del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación; de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal; del Banco de España; de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; de la Abogacía General del Estado; de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Así como otros dos juristas «de reconocida competencia» designados por el Ministerio de Bolaños y un representante de «las personas informantes a nivel nacional de la asociación o asociaciones más representativas».

El Gobierno proclama en su decreto de creación que la Autoridad Independiente de Protección del Informante actuará «en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con plena autonomía e independencia orgánica y funcional respecto del Gobierno, de las entidades integrantes del sector público, de los poderes públicos o de cualquier entidad pública o privada en el ejercicio de sus funciones».

Pero su nombramiento lo decidirá el Gobierno. Exactamente igual que ya hace con los del fiscal general del Estado, el del gobernador del Banco de España, el del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el del director general de la Oficina de Conflictos de Intereses (en la actualidad, estos dos últimos están encabezados por mujeres), entre otros.