Juan Carlos I, en una imagen de archivo
Exmagistrados del Supremo y exfiscales se querellan contra Juan Carlos I por cinco delitos contra Hacienda
Se trata de delitos que supuestamente cometió entre 2014 y 2018 y que no habrían prescrito
El Rey Juan Carlos I se enfrenta a una nueva querella. Un grupo de magistrados jubilados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales han presentado una querella criminal conjunta contra el Rey ante la sala segunda del Supremo.
Los magistrados jubilados Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, los fiscales anticorrupción también jubilados Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena junto al filósofo Santiago Alba y la periodista Pilar del Río, todas ellas personas vinculadas a la izquierda, son los autores de la querella en donde culpan al Rey de haber cometido cinco delitos fiscales contra la Hacienda pública.
En la querella explican que los supuestos cinco delitos fiscales fueron cometidos entre 2014 y 2018 y que estos no habrían prescrito. A la vez sostienen que la Fiscalía ya ha informado a Juan Carlos de que se le había abierto una investigación por la existencia de infracciones tributarias.
«El Ministerio Fiscal cuando comunica a un investigado la apertura de una Diligencias de Investigación en la que existen datos de actividades irregulares con relevancia tributaria, nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos que avalan una posible infracción tributaria porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador que cierra el paso a la posibilidad de una regularización», reza la querella.
Los hechos por los que se le culpa a Juan Carlos I ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo y fueron archivados por haber regularizado el Rey su situación tributaria antes de saber que existía una investigación contra él. Sin embargo, los querellantes consideran que no se cumplieron los requisitos regulatorios legales para su aplicación ya que consideran que el Rey sí tuvo conocimiento de las diligencias contra él antes de regularizar su situación tributaria. Los letrados recalcan que la Fiscalía notificó al Rey emérito en dos ocasiones en 2020 que estaba siendo investigado por posibles delitos contra la Hacienda Pública y que Juan Carlos I realizó acto seguido dos regularizaciones fiscales: una de 678.393,72 euros en diciembre de 2020 y otra de 4.395.901,96 euros en febrero de 2021 (incluyendo 871.851,24 euros de intereses de demora y recargos).
Añaden que el argumento que maneja la Fiscalía para considerar que la regularización se hizo en tiempo y forma se basa en que en las dos notificaciones no se detallaban de forma pormenorizada los hechos que se imputaban.
Declaración de Juan Carlos I
Los querellantes han solicitado que Juan Carlos I preste declaración en Abu Dabi (su residencia actual) por los hechos y que, además, también declaren los representantes de las sociedades o fundaciones que gestionaron los gastos del Rey durante el período de los supuestos delitos así como Álvaro de Orleans Borbón, Arturo Fasana y Dante Canónica.
Los querellantes señalan que dan este paso movidos por «la defensa del interés general» al entender que existen delitos contra la Hacienda Pública «que vulneran no sólo los preceptos del Código Penal (...) sino también los principios de igualdad y de solidaridad, además de obligaciones legales y éticas exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitucional, en este caso la Jefatura del Estado».
«Sea cual sea el resultado del presente escrito, los querellantes solo tenemos el propósito de potenciar el valor superior de la justicia, los principios generales del Estado de derecho y en este caso, la igualdad ante la ley», defienden.