La Guardia Civil señala la «participación preeminente» de García Ortiz en la filtración de datos del novio de Ayuso

El registro de los despacho de los dos principales implicados en la presunta filtración de datos confidenciales sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, no trae buenas noticias para la situación judicial del fiscal general del Estado.

El juez del Supremo encargado del caso, el magistrado Ángel Hurtado, ha encargado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realicen «una copia de trabajo de la información incautada en la diligencia de entrada y registro practicada», con la intención de analizar, de manera pormenorizada los mensajes de Whatsapp intercambiados entre Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, y Álvaro García Ortiz, titular del Ministerio Público, tras concluir, de las pesquisas policiales preliminares, que este último tuvo una «participación preeminente» en la revelación de secretos que pudo afectar al derecho de defensa de la pareja de la presidenta madrileña, el empresario Alberto González Amador.

Así se desprende de un auto que ha sido notificado, esta misma mañana, por el juez Hurtado, donde para decretar la prorroga secreta de las actuaciones contra García Ortiz, durante un mes más, confirma que del volcado de los dispositivos electrónicos requisados a la fiscal Rodríguez «se extraen elementos que vienen a corroborar la necesidad de llevar a cabo la pericia sobre el material intervenido en la sede de la Fiscalía General del Estado, en orden al esclarecimiento de los hechos y a valorar la participación que el investigado, Álvaro García Ortiz, haya podido tener en ellos».

De ahí que, además, Hurtado haya accedido a que se practiquen un total de tres diligencias nuevas, a petición de los agentes de la UCO, en el primero de los informes sobre el que se ha levantado el secreto de las actuaciones.

Además, el magistrado ha ordenado que se dé traslado a la UCO de la Guardia Civil de los «elementos» adicionales «aportados al procedimiento por los implicados en los hechos, tales como correos o comunicaciones entre los mismos u otros que se consideren que puedan ser de interés para el esclarecimiento de los hechos». Se trata, en concreto, de un total de ocho e-mails entregados por el fiscal Julián Salto, inicialmente asignado a la causa tributaria que se seguía contra González Amador.

«No es descartable que» dichos correos, «cuatro de ellos anteriores al 8 de marzo y otros cuatro posteriores», «a la vista del informe recibido, puedan guardar relación que sea útil de cara al esclarecimiento de los hechos», determina el instructor Hurtado en su escrito.