Lobato y la UCO apuntalan la tesis de una 'guerra sucia' de Moncloa contra Ayuso

Lo más interesante de las historias nunca es lo que se cuenta sino los silencios y la «participación preeminente» del fiscal general del Estado en la revelación de secretos del novio de la presidenta de Madrid, no parece que vaya a ser la excepción a la norma general. Moncloa, y sus derivadas, teme lo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda encontrar en el móvil incautado de Álvaro García Ortiz y que el hallazgo salpique, más allá del imputado titular del Ministerio Público, a uno o varios ministros entregados a la causa de desgastar a una rival política, Isabel Díaz Ayuso, por cuestiones privadas de su pareja sentimental.

Sólo así se entiende la insistencia del 'triministro' de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, por imponer como presidenta de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo –la que se encarga de enjuiciar a los aforados, como él– a su candidata, la magistrada Ana Ferrer. Y sólo así parece poder llegarse al verdadero porqué de la comparecencia notarial del líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, para dejar constancia, siete meses después, de cómo a él le dieron supuestamente 'cocinadas' las publicaciones de prensa. Informaciones que alguien filtró para fabricar un paraguas legal que le permitiese enseñar un mail confidencial, como arma arrojadiza, en la Asamblea de Madrid, sin consecuencias.

No en vano, ha sido la polémica entorno a este último lo que ha puesto, sin quererlo, luz en algunas de las sombras que todavía rodean al quién, cómo y cuándo orquestó el plan para desacreditar a Díaz Ayuso, a través de los asuntos particulares de su novio. Temas que, en un principio, sólo podían conocer Hacienda y el fiscal encargado de la causa tributaria, sin judicializar, en la que se apuraba un pacto de conformidad.

¿Quién dio la alarma sobre que la Agencia Tributaria investigaba al novio de la presidenta madrileña por presunto fraude fiscal? ¿Cuándo se tuvo de verdad constancia en la Fiscalía General del Estado de que Alberto González Amador estaba en manos de uno de sus fiscales del Departamento de Delitos Económicos? ¿Se dio desde entonces la orden de no negociar nada con su abogado para no llegar a un acuerdo rápido y aséptico? ¿Fue casualidad que el líder de los socialistas madrileños visitase al notario, para conservar el contenido de su teléfono móvil, precisamente, un día después de que se registrase el despacho del fiscal general? ¿Maniobró el ministro Bolaños con Álvaro García Ortiz contra el novio de Ayuso?.

Casi todos saben que la clave para despejar buena parte de las incógnitas se alberga en el móvil del fiscal general del Estado y nadie quiere salir en la foto en la que sospechan que estarán. Tampoco en la del contenido del terminal del portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid, hijuela de la presunta trama orquestada para hacer circular el material contra la pareja de la presidenta y perjudicarla, sin incurrir en la misma revelación de secretos que ha llevado a estar imputado, por el momento, a Álvaro García Ortiz.

Las actas que Lobato se niega a enseñar tendrá que presentarlas, este viernes, ante el instructor de la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, el magistrado Ángel Hurtado, en el Supremo. Y, entonces, ya se verá.