El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mirando su teléfono móvil
La empresa de seguridad de la Fiscalía indicará al Supremo que no tiene cámaras dentro del Ministerio Público
El juez ha pedido conservar las imágenes correspondientes de las cámaras de seguridad que haya en el patio de la FGE entre las 18:00 y 19:45 horas
La empresa de seguridad de la Fiscalía General del Estado (FGE) informará al juez del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado –que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz– que no dispone de cámaras en el interior del edificio, por lo que no pudo grabar ningún encuentro durante el registro del pasado 30 de octubre.
Hurtado ha ordenado este miércoles al servicio de seguridad que conserve las grabaciones de las cámaras del patio de la institución, donde una acusación denuncia que aquel día tuvieron un encuentro García Ortiz y la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, revisando el móvil del primero cuando agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) estaba llevando a cabo sus pesquisas.
En concreto, ha pedido conservar las imágenes correspondientes de las cámaras de seguridad que haya en el patio entre las 18:00 y 19:45 horas, hasta que, por su parte, se acuerde otra cosa.
Sin embargo, fuentes fiscales señalan a EFE que esas imágenes no existen y que así se lo trasladará la empresa de seguridad al magistrado ya que no hay cámaras el interior del edificio, solamente en el exterior para controlar los accesos al inmueble.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) pidió citar como testigo a un fiscal del Supremo que supuestamente fue testigo de ese encuentro sobre las 19:00 horas.
Un asunto que la asociación, que ejerce la acusación popular en la causa, tilda de «sorprendente», por el hecho de que «una fiscal asignada a un asunto esté examinando con un investigado, sin estar presente su abogado, una prueba central del delito investigado».
Pero las fuentes precisan que cuando se produjo ese encuentro, los agentes de la UCO ya habían devuelto el móvil clonado al fiscal general hacía más de una hora.
El juez investiga si García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, incurrieron en un delito de revelación de secretos sobre los correos en que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia.