Lobato declara en el Supremo por el caso del novio de Ayuso y se enfrenta a ser imputado

El ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato se sienta este viernes, citado como testigo, ante el juez del Supremo que investiga la presunta revelación de secretos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El magistrado Ángel Hurtado acordaba la declaración de Lobato tras conocerse, a través de la prensa, que había registrado ante notario la contenido de una conversación con su partido, en la que presuntamente se desvelaría una filtración a medios de comunicación de una serie de correos intercambiados entre la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que lo investigaba por un asunto tributario, para llegar a un acuerdo. Datos, confidenciales.

Así las cosas, la información que se ha conocido en los últimos días sobre Lobato ponía sobre la mesa la existencia de una presunta trama de Moncloa, orquestada para filtrar «el documento secreto del novio de Ayuso» que, si bien no de lleno, complica la posición del ex portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.

Si bien es cierto que Lobato se habría negado a divulgar el contenido del mismo en un primer momento, consciente del riesgo, posteriormente sí lo utilizó en el parlamento autonómico y si de su comparecencia ante el juez se determina que era conocedor del origen ilícito y no lo denunció, podría enfrentarse a una imputación como «encubridor, al menos», según apuntan varios expertos consultados por El Debate. «La cronología del asunto y las sospechas que pudiera tener sobre el origen irregular de la documentación», a lo largo del intercambio de mensajes de texto, «serán la clave», apuntan los mismos expertos.

Filtraciones internas, juego sucio

No en vano, hasta el momento se ha sabido que fue la actual jefa de gabinete del ministro de Transformación Digital Oscar López, Pilar Sánchez Acera, quien supuestamente le facilitó a Lobato el mail reservado entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal Julián Salto, para que lo utilizara en una sesión de control a Ayuso.

Una situación que el propio Lobato registró, formalmente, en un acta ante notario, cuando aún era líder de los socialistas madrileños, precisamente, el día inmediatamente posterior al registro de la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general del Estado.

Así las cosas, y tras provocar un cisma en su partido, tras las presiones recibidas desde ciertos sectores del mismo soliviantados por el hecho de que hubiese registrado, oficialmente, la conversación con un alto cargo de Moncloa que le reenviaba el 'email' en el que la pareja de Díaz Ayuso presuntamente confesaba su papel en dos delitos fiscales.

Por todo ello, el instructor considera que debe interrogar a Lobato ante «la posible aportación» que éste pueda hacer para el esclarecimiento de los hechos investigados. Según avisó en el auto de citación, el exdirigente socialista «deberá acudir aportando copia del acta de manifestaciones notariales que, al parecer, realizó en relación con los hechos, según la información periodística». Y, de lo que ésta contenga y de lo que se derive de la propia declaración del ex líder del PSOE madrileño dependerá su propio futuro legal.

Comparece como primer testigo del caso

Lobato será la primera persona a la que el juez tomará declaración desde que el pasado 16 de octubre abrió causa contra el fiscal general y contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por su presunta implicación en la filtración denunciada por la pareja de Díaz Ayuso.

No obstante, no se trata de la primera diligencia que practica el instructor. El pasado 30 de octubre, Hurtado autorizó la entrada y registro en el despacho de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado y en el de Rodríguez en la Fiscalía Provincial de Madrid. Fue éste, curiosamente, la pesquisa que llevó a Lobato a personarse en un notario para dejar constancia de quién, cómo y cuándo le había facilitado la información confidencial sobre un particular, la pareja de la presidenta de Madrid, y lo más importante para qué.

De momento, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solo han presentado un informe en el que analizan la información incautada en la oficina de Rodríguez. Aunque aún está pendiente que entreguen sus conclusiones sobre el registro en el despacho de García Ortiz, en el informe relativo a la fiscal de Madrid ya apuntan que el jefe del Ministerio Público tuvo una «participación preeminente» en la filtración.

La clave, el acta notarial del asunto

Este viernes, al estar citado como testigo, Lobato tiene la obligación de contestar con la verdad a todo lo que le pregunte el juez, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. También deberá responder al abogado de la pareja de Díaz Ayuso y a las acusaciones popular que ejercen Manos Limpias, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Fundación Foro Libertad y Alternativa.

Lobato explicó el lunes, en una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que desde Moncloa le enviaron un correo electrónico con datos confidenciales del novio de Díaz Ayuso. Aunque descartó mostrar, hasta el momento, la conversación «privada» en la que se le remitió.

Según manifestó, acudió a la notaría con el objetivo de que quedara «bien asegurada la conversación y no dependiese de la integridad de su móvil». «Por si pasa algo a mi móvil, tener claro que podemos acreditar en un procedimiento judicial en el que nos requieran información sobre eso, cómo claramente nos llegó a nosotros la información», apuntó.

El ex líder del PSOE de Madrid aseguró además que había ido solo a la notaría porque era una cuestión «personal». «No lo consulto con el partido, Ferraz, ni nadie. Es un tema mío», dijo.

Aunque la filtración denunciada por González Amador se habría producido el pasado marzo, Lobato fue a la notaría a registrar estos mensajes siete meses después; en concreto, cuando el Supremo empezó a investigar al fiscal general por presunta revelación de secretos y, entonces, temió resultar citado, como finalmente ha ocurrido, para aportar datos sobre el asunto que, de momento, mantiene en la cuerda floja al fiscal general del Estado.