Policías y guardias civiles retoman las movilizaciones contra Marlaska tras el parón solidario por la DANA

Los sindicatos y asociaciones policiales retomarán las movilizaciones contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada entre PSOE y Bildu después del parón solidario de más de un mes producido por la DANA que el 29 de octubre azotó Valencia entre otras regiones.

Después de la ingente labor realizada por más de 10.000 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Valencia, consideran que ha llegado el momento de retomar las movilizaciones que tenían previstas para comienzos de noviembre y así, el próximo 11 de diciembre dieciocho sindicatos y asociaciones policiales se concentrarán frente al Congreso de los Diputados al entender que la derogación de la citada ley «deja en una situación de vulnerabilidad a los agentes».

Ese mismo día está previsto que la Cámara Baja acoja el debate sobre la reforma de la norma, que incluye, entre otras cosas, el fin del uso por parte de las fuerzas de seguridad de las pelotas de goma y la rebaja de la penalización del delito de desobediencia, dos extremos que, según los convocantes, redundarán en la pérdida del principio de autoridad de los efectivos policiales.

Los sindicatos y asociaciones, agrupados en la Plataforma contra la Inseguridad Ciudadana, denuncian que los policías y guardias civiles tendrán «más difícil» llevar a cabo su labor, y quienes «sufrirán las consecuencias» serán los ciudadanos, que se verán «perjudicados» ante la voluntad de «unos pocos» de «recortar sus derechos y libertades», según explican en un comunicado.

«Se ha decidido salir a la calle en protesta por una derogación que sólo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes, y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», argumenta Aarón Rivero, portavoz de Jupol y de la entidad.

Por su parte, la asociación Jucil critica que el «recorte en las herramientas disponibles» podría poner en peligro la capacidad de los agentes para prevenir y gestionar situaciones de riesgo, lo que, bajo su punto de vista, pone en riesgo el trabajo de la policía y la seguridad de la ciudadanía.