El ala izquierdista del TC cocina un lawfare del Supremo en la anulación de los nombramientos de García Ortiz

La Sala Primera del Constitucional (TC) decidía, este lunes, que sea el Pleno del Tribunal el que decida sobre si se admite, o no, a trámite el recurso de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado contra la sentencia del Supremo (TS) que anuló su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal y lo hizo declarando una «desviación de poder» de su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, en el nombramiento.

La discrepancia de los miembros conservadores de dicha Sala –los magistrados Concepción Espejel (ponente del asunto), Ricardo Enríquez y José María Macías–, con un informe jurídico de parte, presentado por la magistrada izquierdista María Luisa Segoviano que contradecía la propuesta de inadmisión planteada por Espejel, ha sido la clave. Así las cosas, la solicitud de los tres juristas, tal y como está previsto en la ley vigente, hará que sea la Corte la que tenga que pronunciarse sobre este asunto.

En la base, un intento de la mayoría del TC, encabezada por el presidente del órgano Cándido Conde-Pumpido de reconocer, subliminalmente, que la Sala Tercera del Supremo ha incurrido «en una suerte de lawfare» en las sentencias que anularon varios de las designaciones de fiscales acordadas por García Ortiz, durante sus dos mandatos, apuntan fuentes consultadas por El Debate.

«Sólo así puede entenderse» que, desde el bloque del Constitucional más afín al Gobierno, «se trate de justificar la admisión» del recurso de amparo de Dolores Delgado «alegando que es un asunto conexo con otro recurso» de otro fiscal –en este caso el de menores, Eduardo Esteban Rincón, que fue dos veces anulado por el Alto Tribunal– «cuando se trata de cuestiones diferentes tanto por los afectados en las mismas, como por los actos administrativos de los que se derivan, como por las causas que llevan a instarlas, como por las razones que se alegan», subrayan las mismas fuentes.

Y es que, en la misma línea de lo anterior, la Sala Segunda del TC, reunida igualmente este lunes, también elevaba al Pleno los recursos de amparo presentados por el fiscal Esteban Rincón contra la decisión del Supremo de estimar los recursos lanzados contra dicho nombramiento por la Asociación de Fiscales (AF) y otro candidato al puesto, José Miguel de la Rosa, a priori mejor posicionado. En este caso, la petición ha recaído en los magistrados conservadores de dicha Sala Enrique Arnaldo (ponente), César Tolosa y José María Macías.

Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS anuló por primera vez la designación de Esteban Rincón para la plaza de Menores, en abril de 2022, al considerar que Delgado no había justificado suficientemente su elección. Tras ello, la entonces jefa del Ministerio Público aportó un escrito motivando sus razones y volvió a nombrarlo, pero la AF y De la Rosa volvieron a impugnar la designación y el Supremo les dio la razón, por segunda vez, en julio de ese mismo año.

El Alto Tribunal recordó que el primer nombramiento se había anulado por «falta de motivación del acto administrativo en lo específicamente atinente a la muy notable diferencia de experiencia y méritos en materia de derecho de menores» y afeó, al mismo tiempo, que sobre este mismo extremo la nueva motivación de Delgado «solo» decía que, «en el fondo, no es relevante». Por lo que «no se ha satisfecho en absoluto lo exigido», recriminaba la Sala Tercera.

Por el contrario, en el caso del ascenso de la propia Delgado, instado por su sucesor y amigo, el actual titular del Ministerio Público Álvaro García Ortiz, el Supremo determinó que la designación de la candidata como fiscal de primera categoría del escalafón, para la plaza Togada de lo Militar del TS, fue fruto de una «clara desviación de poder».

La sentencia que dictada por la Sala Tercera consideró acreditado que «la finalidad buscada por el fiscal general del Estado fue asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor».

Esto es, un asunto de «legalidad ordinaria» que «carece de todo interés casacional» como determinó, además, el «dictamen del letrado no adscrito» que informó sobre el asunto nada más registrarse en el Constitucional y que ha sido el tenido en cuenta por la ponente Espejel para rechazar la admisión de la impugnación de Delgado, según ha podido confirmar El Debate.

De ahí que los magistrados del bloque conservador hayan querido elevar ambos asuntos al Pleno y, con ello, que sea el total de la Corte el que se posicione sobre la aceptación de los mismos o, en su caso, su rechazo. De lo contrario, se estaría permitiendo reconocer, «de manera implícita» que el Supremo incurrió en una suerte de decisiones «intencionadas o tendenciosas» sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por ser quien es.

Algo «inadmisible» no sólo desde un punto de vista «netamente jurídico», en particular, sino desde «una perspectiva democrática», en general, apuntan fuentes próximas al TC. En tal caso «que sea el Pleno el que se pronuncie» y que cada magistrado tenga que manifestar su opinión «sobre el verdadero asunto de fondo» que trata de deslizarse, advierten las mismas fuentes.