La izquierda del TC estira los plazos para admitir una petición de García Ortiz y apartar a un magistrado conservador de la amnistía

El Pleno de este martes en el Constitucional ha vuelto a poner sobre la mesa la división irrevocable del Tribunal en lo relativo a la amnistía. Tanto es así que el incidente de recusación presentado por el fiscal general del Estado contra el magistrado conservador José María Macías, al que el bloque izquierdista de la Corte busca apartar de la sentencia cabecera sobre la polémica norma, ha iniciado su andadura, por seis votos a favor y cuatro en contra entre los que no se encontraba el propio Macías al estar cuestionado.

Además, y por si la dinámica de los bloques no fuese suficiente, el sector zurdo de la Corte ha vuelto a «doblar» la interpretación de las normas para conseguir su objetivo último: apartar de las causas sobre el borrado penal del procés al magistrado recién llegado. Hasta tal punto que son varias las fuentes consultadas por El Debate que ponen el acento en cómo se ha permitido impulsar la recusación del fiscal general del Estado pese a que «estaba escandalosamente presentada fuera de plazo».

Y es que en el escrito registrado por Álvaro García Ortiz contra Macías, se justifica que el magistrado tomó posesión se su puesto el pasado 6 de septiembre, en la que tuvo lugar el acto solemne de bienvenida al TC. Sin embargo, sobre la mesa, la toma de posesión legal se corresponde con una fecha distinta: su nombramiento formal fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 30 de julio y juró ante el Rey, en el Palacio de la Almudaina (Mallorca) el 31.

A ello hay que añadir cómo, a principios de agosto, el BOE hizo constar la nueva composición de las Salas del Constitucional en las que ya apareció Macías. Luego, desde entonces, el Ministerio Público disponía de 10 días, que se entienden hábiles, para plantear sus dudas sobre la participación del jurista en la amnistía, pero no fue así.

Para salvar el escollo, y «en contra de la práctica ordinaria» del Tribunal, ahora, el bloque izquierdista del órgano ha fechado el plazo para la Fiscalía, contando desde la admisión a trámite del recurso. No en vano «la Fiscalía es parte necesaria desde que la cuestión entra» en la Corte y, de hecho, «si en la admisión hay dudas se le da traslado al Ministerio Público y se le consulta sobre la misma», apuntan algunas fuentes consultadas por El Debate.

Una maniobra en la que subyace el plan de la mayoría del Pleno del TC para formar pieza separada de recusación del magistrado conservador José María Macías, a petición del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del Supremo sobre la Ley de Amnistía.

Cabe recordar que, el primer intento por apartar al jurista resultó frustrado dado que la Abogacía General del Estado se adelantó al solicitarlo, cuando aún no estaba personada en el caso, aunque haya vuelto a pedirlo de nuevo.

Tal y como ha venido adelantando El Debate, el asunto de las recusaciones planteadas contra varios de los miembros del TC se convertía, desde un primer momento, en un cálculo matemático más que en una cuestión de discrepancias jurídicas sobre la polémica norma. En especial desde que, por primera vez, y sin mediar precedentes en el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido se fraccionaban los incidentes de recusación para resolverlos de manera escalonada.

Así las cosas, Conde-Pumpido salvaba su tacha y se rehabilitaba, a su vez, para salvar la de la magistrada izquierdista, ex alto cargo de Moncloa con Pedro Sánchez, Laura Díez quien, a su vez, no sólo participará, también, en el proceso iniciado para expulsar al magistrado Macías de los asuntos de la amnistía, sino que ha sido designada ponente instructora del mismo.

El objetivo final pasa por consolidar un Pleno de 6 magistrados que, presuntamente, estarían dispuestos a avalar la polémica norma de borrado penal del procés, frente a otros 4 que se oponen a un texto que es rechazado por más del 90% de la comunidad jurídica. Conde-Pumpido no sólo estaría buscando ampliar la diferencia numérica en el fallo final. El veterano jurista gallego quiere, además, que el éxito de la misión no quede ligado, para la historia, a su voto de calidad como presidente.